Por: Juvenal Infante*

Pocas veces un gobierno logró desgastar en tan poco tiempo un prestigio que a Colombia le tomó generaciones construir.

He visitado muchas veces la Casa de Nariño a lo largo de mi vida, excepto durante los últimos cuatro años, y siempre me ha acompañado la misma impresión: al cruzar su umbral no se entra simplemente a un edificio. Se accede al recinto donde la República ha depositado la representación de su más alta magistratura. Ésa ha sido siempre su verdadera grandeza.

Por eso comprendí desde el primer momento el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que no gobernará desde la Casa de Nariño.

Muchos habrán interpretado esa decisión como un simple cambio de sede. Yo la entendí de otra manera. Vi en ella la voluntad de tomar distancia de un período que produjo un insondable deterioro de la institución presidencial y del símbolo que históricamente la ha representado.

Levantada sobre la casa natal de Antonio Nariño, la Casa de Nariño terminó convirtiéndose en la representación física de la Presidencia. Sus jardines albergan todavía el observatorio construido por Fray Domingo de Petrés en 1803; sus salones conservan la solemnidad propia de la primera magistratura. Pero su verdadero valor siempre ha residido en la dignidad de la institución que simboliza.

Las instituciones también conocen el desgaste. Ninguna permanece incólume cuando quienes las encarnan olvidan que representan algo superior a ellos mismos. Colombia otorgó al primer gobierno nacional de izquierda un margen de confianza que muchos consideraron histórico. El desenlace fue otro. La confrontación desplazó el sentido de Estado, y la Presidencia perdió la sobriedad, la prudencia y la autoridad moral que exige el ejercicio del cargo. He buscado un verbo más preciso para describir el daño causado a la dignidad de la Presidencia durante los últimos cuatro años. No lo hallé.

Fue profanada.

Pocas veces un gobierno logró desgastar en tan poco tiempo un prestigio que a Colombia le tomó generaciones construir. La Presidencia dejó de pertenecer, en la percepción de muchos colombianos, a la Nación entera y comenzó a confundirse con un proyecto político.

La primera magistratura merece respeto y sentido de Estado. Cuando pierde esas cualidades, deja de ser el gran punto de encuentro de los colombianos. Ése fue, a mi juicio, uno de los mayores daños institucionales de los últimos cuatro años.

El desprestigio de la Presidencia rebasó nuestras fronteras. Colombia dejó de ser observada únicamente por sus dificultades económicas o de seguridad; también comenzó a ser juzgada por el deterioro de la dignidad de su más alta institución. No empleo más arriba la palabra profanada con ligereza. Las instituciones republicanas merecen un acatamiento que no se agota en quienes las ocupan transitoriamente. Cada presidente recibe ese legado con el deber de fortalecerlo antes de entregarlo a su sucesor. Comprendo, por eso, la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La entiendo como el reconocimiento de que restaurar el prestigio de la Presidencia exige mucho más que un cambio de gobierno.

La Casa de Nariño seguirá allí cuando los protagonistas de esta época hayan cerrado su capítulo y cedido su lugar a otros, porque las instituciones conservan la memoria de la grandeza, y también la de las miserias humanas. Lo cierto es que la Presidencia de la República nunca pertenece a quien la ocupa: pertenece a Colombia, a la misma República, entendida como el orden moral y jurídico que obliga por igual a gobernantes y gobernados. Nadie está por encima de la ley ni de la moral pública.

Ojalá esa convicción vuelva pronto a orientar el ejercicio del poder, para que la Casa de Nariño recupere la dignidad que nunca debió perder. 

*Economista. Analista Internacional