Por: José Manuel Herrera Brito
La seguridad debe ser preocupación constante. Entenderla como uno de los más fundantes valores, y en tal derrotero, trabajar con denuedo para hacerla siempre óptima, efectiva, suficiente. Consolidarla con planes de mejora, con fondos contra la violencia para disminuirla, en el entendido que la violencia debemos combatirla con prevención. Reforzarla con programas sociales, inversión, desarrollo social y humano, crecimiento económico, salud, empleo, trabajo, emprendimiento, educación y cultura, con miras a procurar la paz. Adentrarnos en un viraje estratégico, no limitarla a despliegues operativos, sino integrar acciones de inteligencia financiera, coordinación ministerial y judicialización efectiva de los delitos de alto impacto. Es implantar e implementar una estrategia nacional que privilegie la inteligencia sobre la confrontación, el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional. Transitar hacia un modelo integral que ataque las causas estructurales del delito y restaure la confianza ciudadana. Articular la presencia del Estado en zonas de alta incidencia criminal mediante la depuración policial, la recuperación territorial y la inversión social. Trascender con dinámicas efectivas contra homicidios, secuestro, extorsión, robo de automotorea y control territorial por células armadas, lo que obliga diseñar un esquema regional de seguridad que combata de forma simultánea las estructuras del crimen organizado que delinquen por doquier.
Día tras día se evidencia la gravedad de la inseguridad en nuestros territorios , lo que requiere y necesita de respuestas coordinadas. Vivimos en un Estado en constante amenaza. Los delincuentes ratifican su ningún compromiso con deponer las armas, ni en garantizar verdad, justicia, reparación integral del daño ni repetición. La violencia cada día es más intimidante, desgasta la poca determinación gubernamental de quebrar las finanzas y la cadena de mando de los grupos que someten a nuestras comunidades.
Hoy las organizaciones criminales son estructuras empresariales con dominio territorial y vínculos con servidores públicos de alto nivel en profunda simbiosis, además de parecer que la guerra contra el narcotráfico sea en realidad una política de encubrimiento que permite a los cárteles delinquir con impunidad institucional, cuando lo que real y verdaderamente necesitamos es restablecer el Estado de derecho en territorios cooptados, donde la extorsión, el despojo de tierras, el narcomenudeo y la desaparición forzada no configuren más auténticos sistemas de control paralelo, lo que debe soportarse en la Constitución e instrumentos internacionales de cooperación penal, ena la búsqueda y procura de inhibir la impunidad mediante investigaciones sólidas, congelamiento de activos y extradiciones.
Se trata de avanzar y no de politizar el dolor y manipular la tragedia. Revertir la complicidad entre el poder político y el crimen, lograr menos homicidios, mayor coordinación interinstitucional y un Estado que asuma la seguridad como función indeclinable, no como negocio ni simulación. La recuperación de la paz exige continuidad, de ahí la necesidad de consolidar un modelo nacional de seguridad para debelar las una y más problemáticas delictivas que campean tiñendo de sangre y sembrando horror en nuestros territorios, lo que será exitoso de logarse coordinar inteligencia, procuración de justicia y políticas sociales para prevenir la reincidencia criminal, en la certeza y reafirmación que ninguna autoridad debe ser doblegada por la delincuencia, que la paz no se negocia y debe garantizarse mediante el Estado de derecho y la voluntad política de servir al país. saramara7@gmail.com
Artículo vinculado: https://elderecho.com.co/seguridad-seguridad-seguridad-ii/
