Por: Juvenal Infante*
Este martes 3 de febrero se producirá un encontrón de naturalezas opuestas; una colisión entre dos cosmovisiones que operan bajo lógicas de poder radicalmente distintas. En el Despacho Oval se hará evidente el contraste entre la autopercepción de quien se cree un líder histórico y la realidad de un sistema que solo entiende de resultados y asimetrías. Gustavo Petro no ingresará a una de las oficinas más influyentes del planeta para negociar en términos de igualdad; se moverá en un campo de fuerzas donde la retórica ideológica carece de sentido y el pragmatismo más crudo sustituye a la mística mesiánica.
En ese espacio, diseñado para imponer la jerarquía y exigir subordinación, la escena revela una orfandad institucional inquietante. La ausencia de Rosa Villavicencio, impedida a título personal de ingresar a territorio estadounidense, subraya que el encuentro es, en el fondo, un emplazamiento directo. Ese vacío, fruto de una renuncia impulsiva presentada como un gesto de «solidaridad», ha sido leído en Washington como un puente en cenizas, dejando al mandatario sin el soporte diplomático que requiere un momento de tanta presión.
Es una forma muy simplista de desconexión; ingenua, podría decirse. Se manifiesta también en la erosión sistemática de la carrera diplomática. La directriz de suprimir exigencias básicas para representar al país −como el dominio de idiomas o una preparación profesional mínima− delata una preocupante desprofesionalización del Estado. Quien desprecia la excelencia en su servicio exterior entrega, mucho antes de sentarse a la mesa, su capacidad de negociación.
Así, lo que veremos el martes entrante es una de las coreografías más asimétricas de nuestra historia reciente. Es fundamental precisar que quien cruza ese umbral no es la institucionalidad colombiana en su conjunto, sino un hombre en procura de un alivio para su propio cerco. La inclusión en la lista de sanciones del Tesoro del mandatario, su exesposa, su hijo mayor y Armando Benedetti -por actos estrictamente personales- despoja al encuentro de su carácter de Estado. Resulta por ello incomprensible que el costo de defensas jurídicas privadas por supuestos nexos con el narcotráfico o financiación ilícita de campañas deba sufragarse con fondos del erario. Es una carga injusta para el contribuyente, obligado a pagar por conductas ajenas al interés nacional, y eso lo saben bien Donald Trump y Marco Rubio.
Petro asiste consciente de que la llave para su exclusión de la lista Ofac habita en la Oficina Oval. Al buscar el favor presidencial para mitigar su propia «muerte civil» financiera, el gobernante reconoce que su futuro depende de una transacción con su anfitrión; un escenario donde el voluntarismo se estrella contra el equilibrio real de fuerzas. La diplomacia, como advertía Kissinger, no consiste en ignorar las desproporciones, sino en administrarlas con inteligencia. Cuando esa brecha se amplía por impericia, es el país el que termina pagando la factura.
Bajo esta luz, es ilusorio suponer que la relación con Beijing pueda usarse como una carta de presión frente a los Estados Unidos. Como nación seria y consecuente, China actúa con una lógica de largo plazo y rara vez apuesta por liderazgos que han perdido interlocución con Washington por pura y simple torpeza. Es necesario recordar que el vínculo con el gigante asiático fue una construcción institucional de los gobiernos anteriores, que desde Pastrana hasta Duque avanzaron en una evolución esperada y promisoria. Este gobierno, en lugar de capitalizar ese camino ya pavimentado, ha preferido la gesticulación sobre el pragmatismo.
Resulta revelador que no solo en Washington se tenga ya calibrada la fisonomía política del mandatario. El concierto internacional parece haber descifrado ya nuestra propia certeza: Petro ya no parece responder por los intereses de Colombia, sino por las urgencias de un relato personal que se agota.
*Economista y analista internacional
