Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*

Partidos políticos y Congreso en sus cámaras alta y baja, son hoy por hoy en el sentir de la gente las instituciones en las que menos confían nuestros conciudadanos. Es inmensamente claro que la política, que debería ser crisol de unidad y progreso colectivo, entre otros desarrollos, logros, realizaciones y verdades, atraviesa uno de sus momentos más delicados, toda vez que entraña en el decir popular, desconfianza generalizada, polarización emocional y una preocupante frivolización tanto del ejercicio del poder como de la crítica social. Hoy lo más, por no decir que casi todo, se grita y poco o nada se entiende. Se acusa sin distinguir, se defiende sin razonar y se gobierna y se representa demasiadas veces, sin conocer los límites que impone la ley. Ruido constante en el que la política deja de ser vista como una responsabilidad al servicio de toda la sociedad y se reduce, peligrosamente, a un espectáculo de voluntades, ocurrencias y egos subidos a grados inalcanzables.

El que los partidos políticos y el Congreso sean las instituciones en las que menos confían nuestros ciudadanos, no es para nada un rechazo a la democracia, sino a quienes la representan. La distancia entre representantes y representados se ha ensanchado por la falta de resultados, la opacidad, el incumplimiento de promesas y la percepción -persistente- de corrupción e impunidad, lo que se adiciona una ciudadanía cansada, que exige poco y a veces exige mal, más preocupada por el escándalo que por la legalidad, lo que lleva a recordar la fundamental distinción que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe y los servidores públicos lo que la ley expresamente les permite; principio de legalidad que no es una formalidad burocrática, sino el cimiento mismo del Estado democrático. 

Debemos tener en exacta cuenta que cuando un funcionario actúa fuera de sus atribuciones, aunque crea tener buenas intenciones, vulnera la ley y debilita en gran medida a las instituciones; en razón a que los servidores públicos como alguien expresara, no debe gobernar a impulsos caprichosos, sino con sujeción estricta a la ley; no están llamados al ocio ni a la disipación, sino al trabajo responsable y austero; ya que gobernar, en decir de connotados filósofos y tratadistas de la materia, requiere capacidad, lealtad a la Constitución y virtud, puesto que no bastan la ideología ni la buena intención, dado que la excelencia en el desempeño es una obligación ética, no un lujo como se quiere hacer aparecer.

Es legítimo que haya servidores públicos con convicciones políticas firmes y trayectorias breves; lo que no es aceptable es que la falta de experiencia se convierta en ignorancia de la ley o en desprecio por la función. La política no puede seguir siendo un espacio de aprendizaje a costa del interés público. Gobernar es conducir en situaciones complejas y no todos los pasajeros requieren la misma pericia, pero quien toma el timón si debe saber a dónde va y cómo llegar sin arriesgar a los demás. 

Indica lo cual que hay que dignificar la política, la cual debe volver a estar bajo la vigilancia ciudadana; más no para nutrir linchamientos ni descalificaciones fáciles, sino para exigir resultados, competencia y legalidad; menos culto a la personalidad y más respeto a la función; menos obsesión por el cargo y más compromiso con la tarea, en la certeza que en política, más importante que ser es hacer; no es figurar, sino servir; y servir empieza por lo más básico, que es conocer la responsabilidad que se asume y respetar, sin excepciones, la ley, además de sumar a nuestra capacidad crítica y constructiva, analizar experiencias de personas que desde el servicio público han contribuido con un legado de trascendencia social alcanzado con transparencia y legalidad, en la verdad que todo poder público proviene del pueblo, se paga con sus impuestos y se instituye para beneficio del pueblo, no de grupos o personas. “Dura lex sed lex”. 

*Abogado. Analista. Columnista. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Magister en Derecho Público.