Por: Julián Martín Ruíz Frutos*
Estamos viviendo procesos acelerados de degradación a todos los niveles y en todos los escenarios. Vemos atónitos como hoy, más que nunca antes, se acusa impunemente desde los medios de difusión, se sentencia socialmente sin pruebas, se desnudan trayectorias con base en falacias. Todo, bajo el amparo del derecho a opinar. Y si bien la libertad de expresión es pilar de toda sólida democracia, su ejercicio no puede servir de excusa para destruir honras, fabricar culpables ni convertir micrófonos y pantallas en tribunales sin debido proceso. La impunidad mediática abunda y se instala en discursos de odio, linchamientos digitales y montajes informativos, lo que hace indispensable replantear jurídicamente la penalización de la calumnia, la injuria y la difamación.
Protegerse debe a tope la reputación, la imagen y la dignidad personal frente a expresiones dolosas o falsedades públicas. Acudir a herramientas que permitan a las víctimas responder penalmente ante campañas de desprestigio, particularmente cuando no puedan costear procesos civiles largos y costosos. Se abusa de la libertad de expresión, que a la postre se torna en una forma más de violencia estructural. No puede ser más el periodismo estadio para montajes espectaculares sin soportes, lo que se presta para exhibir a culpables sin juicio, lo que genera daños mediáticos irreversibles.
Se procede con malicia en innumerables casos y asuntos, se difunden en de medios y redes la mar de falsedades, no se sanciona como debiera la intromisión en la vida privada, debiendo optarse por un esquema civil robusto referido a que quien impute falsamente, reciba condigna sanción. Es castigar lo cual con penas proporcionales. El meollo de la cuestión está en distinguir entre crítica legítima e imputación falsa de hechos delictivos. No se trata de regresar a esquemas autoritarios, sino de restaurar el equilibrio entre libertad de expresión y el derecho al honor.
Importan escenarios en los que se discuta todo lo cual jurídica y normativamente, se analice seriamente calumnia, injuria y difamación, construir lo por hacer al respecto con estándares internacionales, penas no privativas de libertad, medios alternativos de conciliación, y mecanismos eficaces para la retractación, desmentido y reparación; más en estos tiempos donde los micrófonos son armas y los titulares dictan sentencias, el periodismo no puede tener licencia para mentir. Quien acusa sin pruebas debe ser responsable de lo que afirma; y no con esto estamos diciendo que se censure, sino que se haga justicia.
Nadie debe estar por encima de la ley y ningún asociado debe ser destruido mediáticamente sin soporte legal, en la afirmación que la verdad, lo verdadero, lo real no se impone, sino que se defiende con principios, pruebas y derecho, puesto que el desafío no es acallar voces, sino las mentiras, siempre perniciosa y perversas.
*Abogado. Especializado en Derecho Laboral. Columnista
