Por: Ec. Omar Escobar.
En un año aproximadamente, el gobierno del presidente Petro estará entregando el poder a su sucesor. Según Planeación Nacional, a 30 de junio, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, está cerca del 60% de su cumplimiento según los 228 indicadores sectoriales.
El Plan se constituye en ocho ejes básicos, de los cuales, el de Seguridad humana y justicia social encabeza el ranking con un 64,69% de ejecución, seguido de Convergencia regional con 60,89%, transformación productiva e internacionalización con 59,45%, Derecho humano a la alimentación 59,02%, Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, con un 40,48%, las líneas de Paz total e integral 56,52% y Actores diferenciales para el cambio 50,93%. Sin embargo, con los cambios en los ministerios y por ende en los equipos que cada uno lleva, hace difícil la tarea para dar continuidad a una
política de gobierno.
Jorge Iván González, primer director del Departamento Nacional de Planeación en el gobierno Petro, afirma: “la planeación en Colombia tiene una dificultad estructural y es que no hemos podido crear una institucionalidad que logre mantener a través de los gobiernos proyectos de largo lazo”. Esta falencia no solo es del nivel nacional, sino también se observa en los entes territoriales, lo cual afecta las grandes transformaciones como el ordenamiento territorial, que es uno de los ejes centrales en todo tipo de gobierno que ha pasado en las últimas décadas. Un claro ejemplo es las plantas de tratamiento, tema en el cual, nos caracteriza como tercermundistas.
En lo relacionado con la actualización catastral, apenas se ha logrado actualizar el 38,6% de su área geográfica, frente a una meta del 70%. Claramente hay un desface significativo. En ese orden, se dificulta la planeación territorial basada en información confiable y por el otro, se retrasa la implementación de instrumentos como el cobro justo del predial, la legalización de la propiedad y la distribución equitativa de cargas y beneficios del desarrollo, es decir, afecta la transformación estructural que el Gobierno ha planteado como fundacional para una nueva relación con el territorio. Esta brecha, incide en el componente de Igualdad e Inclusión y hace reflexionar sobre los primeros indicadores.
Si bien la incidencia de pobreza multidimensional nacional muestra un avance del 60%, pero cae drásticamente al 27,42% para los campesinos; justo donde el Gobierno había prometido priorizar esfuerzos, hay una brecha estructural entre el progreso general y el impacto real en la ruralidad. Según la Anif, 1,27 millones de personas salieron de la pobreza monetaria entre 2023 y 2024, y 420.000 superaron la pobreza extrema, sin embargo, persisten las desigualdades marcadas por género y territorio, que limitan la sostenibilidad de este avance nacional. En lo relacionado con la juventud, “por un lado, hay avances sobresalientes como el 165% de cumplimiento en las casas de juventud, y más del 120% de jóvenes formados en liderazgo y poder popular; pero programas estratégicos como Jóvenes en Paz apenas llegan al 30,47%, y otras estrategias clave siguen en blanco, como la prevención del reclutamiento forzado o las violencias basadas en género” (Hernández Naranjo de Portafolio 2025)
Es decir, no basta el cumplimiento de metas, sino la calidad de las mismas y de manera integral para evitar que lo que se hace con la mano, se borre con el codo. En tal medida, se reafirman la necesidad de superar cuanto antes los puntos pendientes del PND en esta materia… si es que aún hay tiempo.
