Por: José Manuel Herrera Brito
En Inteligencia y seguridad pública, dados los uno y más problemas que acusamos en estas particulares asignaturas, debe el país darse a la tarea cierta, con seriedad, responsabilidad y compromiso cierto de ponerse a la vanguardia, reforzar la legislación en muchos aspectos, especialmente en cuanto a la coordinación interinstitucional, la optimización en el uso de los recursos generales y contemplar las sanciones pertinentes para las autoridades de todo orden que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad, como muchas veces vemos.
Es claro que en un tejido en el que el crimen organizado desafía la estabilidad del país con una sofisticada capacidad logística, económica y territorial, debemos con investigación, inteligencia, reformas legislativas, de telecomunicaciones y e radiodifusión, modernizar verdadera y realmente nuestras instituciones de seguridad pública, a afecto de responder bien y fielmente a esa deuda histórica en materia de inteligencia que estamos teniendo y colocarnos, en atención a nuestra posición territorial estratégica, como referente regional en prevención y persecución del delito, con un enfoque integral, tecnológico y desde luego que respetuoso de los derechos humanos.
Importa en esto centralizar investigación e inteligencia, así como coordinar los datos provenientes de instituciones públicas y privadas, operados por una central nacional de inteligencia, mediante un sistema que permita generar productos de inteligencia criminal para fortalecer las investigaciones del Ministerio Público, priorizando los delitos de alto impacto, tales como como homicidio, secuestro, trata de personas, extorsión y narcotráfico. Igualmente tener debidamente en cuenta que la interoperabilidad de bases de datos biométricos, fiscales, telefónicos y de geolocalización, desde luego que bajo control judicial y conforme a las normas de transparencia y protección de datos personales, deben dotar al país de herramientas e instrumentos para que anticiparse pueda a las amenazas y pode de contera desarticular con superior eficiencia las redes criminales antes de que ejecuten sus acciones vandálicos.
Arrastramos hoy más que nunca una debilidad estructural en materia de inteligencia civil. Falta nos hace un marco normativo fuerte, lo mismo que evitar la fragmentación de la información entre instituciones que limitan la capacidad preventiva del Estado y no puede ser la inteligencia bajo ningún punto de vista ni consideración alguna, relegada a funciones marginales, cuestionadas, ilegales ni escandalosas que lleven a evidenciar la necesidad imperiosa de regular y transparentar estas actividades, por lo que urgente es corregir deficiencias, establecer un sistema coordinado con mecanismos de supervisión técnica y auditorías permanentes, garantizando que el acceso a datos se realice siempre con autorización judicial y en respeto irrestricto a los derechos humanos.
Es repito, integrar información de diversas fuentes para permitir análisis predictivos y estrategias operativas más efectivas, que se asuma un papel clave en las labores de investigación, profesionalizar aún más a nuestra policía, reportar resultados periódicos, reforzar la coordinación interinstitucional, optimizar el uso de recursos federales y contemplar sanciones para las autoridades locales que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad. Se debe tratar en todo caso de combatir la impunidad con elementos probatorios robustos para judicializar los casos, máxime, y todos lo sabemos, es el nuestro un país donde inequidad, desigualdad social y la exclusión alimentan la violencia, lo que obliga un marco legal que apueste por un modelo preventivo y una estrategia que reconozca las causas estructurales del delito y articule políticas sociales dirigidas para todos y cada uno de nuestros coterráneos, toda vez que con inteligencia y tecnología, se podrá enfrentar en mejor forma y manera podemos al crimen organizado sin recurrir a la fuerza indiscriminada, al tiempo que se saldarán cuentas pendientes y nos dirigiremos sin duda a colocarnos a la vanguardia en la construcción de un modelo de seguridad pública moderno, transparente y eficaz, orientado a garantizar paz y justicia para todos. saramara7@gmail.com
