Por: Julián Martín Ruíz Frutos*
La participación social, para su cabal avance, requiere de cambios sustanciales, superiores análisis y mejores mecanismos participativos, toda vez que a tono debe estarse con los desarrollos democráticos universales que se han venido instaurando en las distintas latitudes del mundo. Participación y movilización social bien entendida deben contribuir con los avances que se requieren en nuestras sociedades, generar condiciones y cuestionamientos y ambientes necesarios que instalen en el imaginario colectivo cambios políticos, económicos y sociales. Interesa por tanto en esto, incorporar espacios de participación en la vida pública, plantear propuestas innovadoras de cara a la vinculación con la sociedad; para de esta manera otorgar un papel diverso de la ciudadanía ante sus gobernantes. Por otra parte, la ruptura con los partidos políticos abre la posibilidad de nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad, pues la mediación de ciertos partidos políticos pierde fuerza y legitimidad, al no responder en la práctica a sus promesas de campaña.
En este contexto surgen gobiernos que simulan acercar su gestión a la población, profundizar el debate sobre democracia y participación, así como el papel a jugar el Estado para fomentarla, lo que es populismo puro que han llevado al espacio público su gestión cotidiana, lo que impone como objetivo desentrañar lo que ello esconde, generar un cambio histórico en la relación sociedad / Estado, a través de la participación social en la política pública y en situaciones reales, que no demagógicas, para que sea real y verdaderamente un proceso de magnitud e importancia tal que configure una nueva forma de hacer gobierno con la participación activa de actores sociales, a efecto de poder así consolidar recreaciones sociopolíticas que gesten verdaderas oportunidades de participación.
Es sin duda la participación una relación dinámica entre la sociedad y el Estado, ya que pasa a ser una suerte de reconocimiento activo a las organizaciones sociales en un marco de legitimidad democrática, amén de incorporarse en ella nuevos componentes sociales y organizacionales como democracia participativa, comunitaria e intercultural, a la gestión pública. El modelo hegemónico de democracia ha sido hostil a la participación activa de los ciudadanos en la vida política y, si la han aceptado, la han confinado a nivel local. Se trata de la conocida cuestión de escalas, en la que es posible construir complementariedades densas entre democracia participativa y democracia representativa y, por tanto, entre escalas locales y escalas nacionales.
Uno de los retos que enfrentaron los países para retornar a la vida democrática fue el plantear modelos de desarrollo más equitativos, lo que implicaba generar mecanismos más democráticos y participativos que apunten a que las políticas públicas se orienten hacia la igualdad, redistribución y empoderamiento. A partir de lo cual se impulsó la construcción de las agendas de desarrollo local, la planificación participativa y la gestión concertada de los territorios. De esta manera, aunque se podía aspirar a que los procesos democráticos regionales informen acerca del sujeto de la democracia (quién/quiénes), del qué (sistemas de representación y participación), del cómo (procedimientos de construcción y legitimación de decisiones, instituciones y liderazgos), también del dónde y cuándo (circunstancias geopolíticas e históricas) y del para qué (bien-estar, justicia) y para quién (universalidad) se dan los nuevos procesos democráticos. Al analizar las experiencias particulares, resultaba evidente la coexistencia de diversas formas de conducir los procesos democráticos. En otras palabras, una mirada diferenciada a los procesos nacionales y locales dentro de cada país relativizaría esta afirmación por las innumerables (pero no generalizadas) experiencias de participación que se dan en las últimas décadas a nivel de gobiernos locales.
*Abogado. Columnista . Especializado en Derecho laboral
