Por: José Manuel Herrera Brito
Importa y urge para todos en todas partes una estrategia de seguridad que reduzca definitivamente los índices de violencia territoriales, misma que debe en manera necesaria acompañarse de un plan de acompañamiento para traer estabilidad en la parte económica y de desarrollo, en el planteamiento y singular entendido que debe combatirse por todos los medios y en todas las condiciones y circunstancias la criminalidad, que es el conjunto de los hechos antisociales cometidos contra la colectividad, siendo jurídicamente el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público; restringidamente, el conjunto de infracciones y de infractores registrados en tiempo y espacio determinados; y ampliamente, el conjunto de comportamientos divergentes en tiempo y espacio determinados; fenómeno de masas constituido por el conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y lugar dados que representa la manifestación total de los fenómenos psicosociales que, en un momento dado de la historia de un país, son considerados como crímenes y que dañan la vida cotidiana de los pobladores todos de un lugar.
Debe tenerse muy en claro en esto, que la seguridad debe enmarcarse en contexto de dignidad, sin falsos espejismos, con orden, puesto que la verdadera seguridad no se construye con más armas, sino con más derechos, ya que ella, la seguridad, es mucho más que la simple ausencia de crimen, por lo que debe desecharse la idea que la seguridad se mide en número de patrullas o agentes en las calles o en estadísticas de delitos, lo que es una visión reduccionista que ignora de plano la esencia misma de la seguridad humana garantizada por derechos fundamentales tales como la educación, la salud y el empleo. Un territorio, se ha visto y sigue viéndose, puede tener menos homicidios y al mismo tiempo ser un espacio discrepante para el desarrollo humano si su población vive con miedo a la pobreza, la exclusión o la incertidumbre del porvenir.
Tengamos en cuenta que el verdadero peligro para la libertad es, además del totalitarismo, la indiferencia de los ciudadanos ante la degradación de la vida pública; de ahí que la seguridad no puede basarse exclusivamente en el control y la vigilancia, sino en la construcción de una sociedad que garantice condiciones dignas de existencia, en la certeza que la mayor angustia de las personas deviene de la falta de propósito y esperanza. En sociedades donde inequidad y la desigualdad es estructural, la seguridad se convierte en un privilegio de pocos y no en un derecho de todos. Si el porvenir de un joven depende más del barrio donde nació o creció que de sus capacidades, estamos condenando a generaciones enteras a una inseguridad permanente, lo que es a todas luces fatal.
Los gobiernos por tanto, no deben, bajo circunstancia alguna, utilizar el miedo para justificar políticas de control social, como es reforzar los aparatos de seguridad, militarizar las calles, criminalizar la protesta, y al mismo tiempo desatender el origen del problema, que es inequidad, desigualdad y falta de oportunidades, lo que traduce que seguridad soportada en el miedo es sometimiento, siendo ello deleznable, vale decir, abiertamente inconsistente, toda vez que la justicia social es el pilar de territorios verdaderamente libres, de allí que no se pueda hablar de seguridad si no hay dignidad en el trabajo, la educación un privilegio y el acceso a la salud un lujo, por lo que la verdadera seguridad no hay que construirla con más armas.
La seguridad humana hay que replantearla en las agendas públicas con un foco integral que priorice el bienestar de las personas, y no que siga dominada por una visión punitiva y cortoplacista si queremos sociedades verdaderamente seguras, debiéndose comenzar en tanto por garantizar que nadie tenga miedo de su porvenir, cumpliendo así el decir que donde hay dignidad, hay verdadera seguridad; lo que impone y necesario es reconocer que la seguridad debe ser una prioridad en todas las políticas públicas, desde el acceso a la educación hasta el desarrollo económico, ya que no podemos hablar de progreso si la gente no siente que su vida está protegida en todas sus dimensiones. Un Estado que invierte en su gente, que garantiza un acceso equitativo a la justicia y fomenta una cultura de paz, está cimentando una seguridad duradera y legítima.
Nos lleva todo lo cual a replantear en manera importante y urgente el concepto de seguridad más allá del castigo y la represión, debiendo por tanto construir sociedades donde las personas no solo estén protegidas del crimen, sino que posean herramientas e instrumentos para desarrollarse con plenitud, equidad, justicia y oportunidades reales, para que no siga más siendo una ilusión pasajera y quebradiza. Cuando entendamos que la seguridad es sinónimo de dignidad, podremos aspirar a una sociedad verdaderamente libre y estable, de ahí que sí queremos una sociedad verdaderamente segura, importa comenzar por garantizar que nadie tenga miedo de su porvenir. saramara7@gmail.com
