Por: Alfonso Monsalve Solórzano*
No voy a repetir hoy los argumentos que justifican mi hipótesis de que estamos perdiendo la soberanía interna en manos de los Grupos Armados Organizados, fortalecidos por el narcotráfico y la minería ilegal mientras el gobierno debilita los mecanismos de defensa de la ciudadanía y de la unidad nacional territorial a nombre de la Paz Total; y que este deterioro ha convertido la seguridad en el principal problema estratégico que tiene Colombia como estado social de derecho. En cambio, voy a señalar algunos hechos que la apoyan:
Esta semana salió a la luz que el ELN puso como condición para seguir en la mesa de negociación la salida del general Oscar León Murillo, comandante de la Séptima División, quien les asestó fuertes golpes en el Chocó. Además. Planteaba la organización que su retiro también debería estar ligado al cambio de la doctrina del enemigo interno: “La W obtuvo acceso a un documento de inteligencia que detalla una estrategia del ELN para socavar la legitimidad de mandos militares de alto rango. La organización guerrillera busca que la reforma a la doctrina de seguridad incluya la salida de algunos de estos oficiales, en particular en áreas bajo la jurisdicción de la Séptima División, lo cual afecta directamente a la cúpula militar y a la estrategia de seguridad en el país”.
La doctrina del enemigo interno es bastante polémica. Podría definirse como el conjunto de los enemigos con los que se entra en guerra en el interior de un país por el control político del mismo. Filosóficamente hablando se fundamenta entre otros, en el cuestionado Carl Schmitt, de extrema derecha, especialmente en su texto El concepto de lo político, según la cual la política se estructura según la dupla amigo-enemigo, que se manifiesta en un conflicto específico. Mantener el poder y evitar que el otro lo tome, es la esencia del asunto.
Para la izquierda es la idea detrás de la doctrina de la seguridad nacional, llevada a cabo como estrategia anticomunista en América Latina por los Estados Unidos, como parte de la confrontación entre ese país y la URSS. Esa doctrina justificó y aupó las dictaduras de derecha en el subcontinente durante la Guerra Fría en tanto una lucha contra el comunismo apoyado por la Unión Soviética, pasando por encima de los derechos humanos de los ciudadanos. Esa doctrina llegó a su fin con la caída de la Unión Soviética en 1990 y se abrió camino la democracia liberal. Pero la izquierda sostiene que esa doctrina fue aplicada y se sigue aplicando en el país para reprimir la oposición.
El problema con Colombia es que, salvo la dictadura de Rojas Pinilla, aquí no hubo dictadura; sin embargo, en las décadas del 60 y 70 surgieron guerrillas comunistas, como las FARC, el ELN, el EPL y de alguna manera, el M-19, que tenían como objetivo destruir el estado de derecho al que consideraban una tiranía al servicio del imperialismo norteamericano, e imponer, ellos sí, una dictadura comunista; esos grupos han llegado hasta ahora, permutados en organizaciones narcotraficantes que mantienen su vocación de poder defendiendo que su lucha es legítima porque Colombia tiene un estado despótico en manos de ricos mafiosos y corruptos que controlan un estado mafioso y corrupto.
Falso. El punto es que el estado colombiano ha ido construyendo una democracia liberal inclusiva que, con todas las dificultades —siendo la primera de ellas la oposición armada que estos grupos y los que surgieron como contraparte, las autodefensas— ha mejorado las condiciones de vida de los colombianos, democratizado el país, y procurado garantizar las libertades individuales y políticas, respetando los derechos de la oposición, hasta el punto de que hoy gobierna Petro. Un estado así tiene derecho de defenderse militarmente de los grupos que lo quieren destruir, más aún, sin que estos posean un verdadero sustento ideológico y se hayan convertido en narcotraficantes purasangre.
Si eso lo quieren llamar doctrina del enemigo interno, que así sea. Pero en política hay que diferenciar entre los que hacen oposición respetando el sistema democrático, de los que lo quieren destruir. Aquí, hasta el gobierno de Petro, no se había perseguido la oposición leal al sistema, y se ha intentado, bien o mal, abrir la puerta a la oposición violenta para que se incorpore a la sociedad política, pero esos grupos no han querido.
De manera que sacar a los generales que obtienen resultados contra los GAOs, para satisfacer al ELN o a las otras organizaciones, es debilitar nuestra capacidad de defensa de la soberanía interna. Acabar con la estrategia de combatirlos militarmente, para, en cambio, continuar con unas negociaciones en las que el adversario mantiene su vocación de poder, buscando mantener sus objetivos últimos y su método de lucha armada, es debilitar de manera grave la capacidad de supervivencia de nuestra democracia, que, entre otras cosas, es la clave en la que hay que leer el desmantelamiento de las Fuerzas de Tarea Conjuntas como Omega (llanos Orientales), Titán (Chocó), Hércules (Tumaco), Marte (Bajo cauca) y que Aquiles (Norte de Santander), como informa el Tiempo de ayer sábado, para que cada fuerza asuma las labores militares en esos territorios, multiplicando de manera ineficiente los recursos, la inteligencia y la coordinación de sus trabajos.
Finalmente, ceder, como hace el gobierno, en estos temas cruciales, es lo que explica la reunión que tendrán los negociadores del gobierno y el ELN en Caracas, para reanudar las negociaciones. Y de paso, también esclarece por qué Petro le sigue dando aire a Maduro: el ELN es su aliado estratégico: es razonable suponer que ese grupo le exige, como condición si quiere mantener estas desastrosas conversaciones, que no reconozca el triunfo de la oposición venezolana. Y A la vez, tampoco lo hace, porque la llegada de Edmundo González a la presidencia significaría acabar con el santuario de esa guerrilla en el vecino país, algo que ni Petro ni el ELN desean.
*Filósofo. Escritor. Conferencista. Columnista
