Por: José Manuel Herrera Villa*
Como país en vía de desarrollo debemos y tenemos que actuar de manera pragmática a través de la emisión de reglamentos concisos, ágiles y, ante todo, oportunos para que, dentro de los períodos gubernamentales, en la instancia que fuere, se atraiga e incentive la inversión nacional y extranjera con mayor impacto social y económico.
La obligación pragmática a la que aludimos y que debe ser asumida de manera inteligente por el Ejecutivo en el ámbito de su competencia, exige la revisión exhaustiva y el análisis de reglamentos, que si bien existen, su aplicación y cumplimiento contemplan periodos con los que en este momento no contamos. Importa por ejemplo un más preciso reglamento para las Alianzas Público-Privadas, desprovista, para una mejor aplicación, de los términos y procedimientos exigidos, dado que requerimos ponerlas en marcha en sectores de alta prioridad de manera importante, inmediata y urgente.
Deben ser ellas una herramienta de activación económica y constituir un verdadero eje de reactivación de inversiones privadas que estimulen la creación de empleo, hacer uso de lo que está a su alcance inmediato en el aspecto normativo, que no es otro que emitir reglamentos que sean necesarios y que incluyan procesos asociativos ágiles, basados en procedimientos sencillos, en consecuencia viables, donde la responsabilidad y la verdad de las capacidades del privado recaigan sobre él, de tal manera que la intervención pública sea un mecanismo institucional que promueva y facilite la obtención de requisitos a cargo del Estado, y que a través de ellos se ejerza una auténtica veeduría al cumplimiento de las normas legales, de los intereses del Estado y de la satisfacción de las necesidades de la población.
Es para todo los efectos, seguir la práctica que aplicamos en el desarrollo de infraestructura en el sector del transporte, que cuenta con una ruta jurídica, financiera e institucional clara, cuyas inversiones, de acuerdo con el BID, oscilan entre 7 mil y 10 mil millones de dólares; resultado consistente que hoy busquemos replicarla en otros de los muchos sectores sociales y productivos existentes.
La ejecución de las APP deberían extenderse y alentarse por parte del Ejecutivo a todos nuestros gobiernos, desde lo local a lo departamental, con los objetivos de descentralizar y exponenciar un nuevo ritmo y forma de desarrollo basado en una transformación institucional, donde el programa de APP y sus proyectos demuestren una complementariedad público-privada eficaz, sostenible y escalable, tanto en su preparación como en su implementación, para crear un entorno propicio, creíble y estable que atraiga inversión privada focalizada en crear valor para las personas y mejorar el bienestar social, en la seguridad que tendremos más pronto que después superiores niveles de eficiencia, eficacia y efectividad.
*Profesional en Administración y Finanzas. Especializado en Auditoría Integral. Proyectos de Desarrollo.
