Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Deben nuestra ciudad de Santa Marta y departamento del Magdalena, marcarse, en el mejor sentido del vocablo, por cambios y transformaciones de valía, respondiendo con ello a una ciudadanía que en formula de solicitud legítima, importante y urgente; quiere para sí unos territorios en permanente constructo y en mejoramiento continuo, capaces de garantizar equidad, accesibilidad urbana, igualdad de oportunidades y cohesión social, que es, en decir de expertos de la sociología, el urbanismo y demás especialidades que convergen en esta particular temática, el pegamento que mantiene unida a una sociedad, caracterizándose por la confianza mutua, el sentido de pertenencia, la solidaridad y la igualdad de oportunidades entre sus miembros, además de implicar relaciones sociales positivas y cooperación orientada al bien común, lo que permite a las comunidades ser más resilientes ante crisis.
Es este un llamado que de ninguna manera responde a un afán de reivindicación pretencioso ni aislado, sino a la constatación en diversas formas y maneras que los modelos actuales de ocupación, gestión y provisión de servicios requieren, unos por haber llegado a sus límites estructurales y otros para potenciar la calidad de vida, ser según cada caso, implantados, implementados o reestructurados en beneficio y aprovechamiento poblacional.
Insisten igualmente dichos especialistas, que los habitantes no son en gran medida responsables de las causas profundas que han configurado el territorio a través de los años, destacando flujos migratorios motivados por desigualdades históricas, la alguna indiferencia cívica acumulada sobre decenios y la anomia institucional que ha fragmentado competencias y debilitado la planificación; más no obstante lo cual, sufren día con día sus efectos, tales como, el desigual acceso al agua, transporte deficiente, concentración de oportunidades en pocos nodos urbanos, expansión periférica sin infraestructura y una marcada separación entre los que pueden y los que no pueden ejercer plenamente su derecho a la ciudad y al departamento, lo que sí o sí debe necesariamente ser atendido.
Claro es que la demanda ciudadana no es un reclamo abstracto; sino una respetuosa solicitud fundada en principios de justicia territorial y sostenibilidad, por lo que reclaman que las políticas a considerarse prioricen sistemas de movilidad accesible, equipamientos públicos equitativamente distribuidos, espacios inclusivos y mecanismos de gobernanza entre otros aspectos, capaces de coordinar ciudad y municipios; y, además, que la planificación deje de ser una declaración de buenas intenciones y se convierta para bien de todos en un instrumento operativo que regule adecuadamente el suelo, proteja áreas agrícolas y ambientales, y oriente el crecimiento hacia modelos compactos y eficientes.
Es entender igualmente, que la cohesión social no surge de manera espontánea; ya que la misma se construye mediante decisiones públicas que redistribuyen beneficios y responsabilidades. Por lo que el pedido ciudadano es claro, un Distrito y un Departamento que avancen de la mano hacía unos territorios donde el desarrollo no sea privilegio de unos pocos, sino una condición compartida. Una ciudad y un departamento donde vivir no dependa del lugar de nacimiento, sino de un compromiso colectivo con un futuro más justo, accesible e integrador, como bien merecen los nuestros y como seguro estoy es el deseo de nuestros mandatarios y en ello trabajan con el denuedo que las situaciones todas ameritan.
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Magister en Derecho Público. Analista. Conferenciante. Columnista
