Por: Ec. Omar Escobar

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica es responsable de unos siete millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Atendiendo a la clasificación de los países y regiones con mayor contaminación en función de la concentración de PM2.5 media anual (μg/m³), y los países que presentan más de 10 veces superior a la media, son Bangladesh, Pakistán, India, mientras que Colombia estamos en el puesto 75 con un promedio de 2 a 3 veces superior a la media. (IQ Air, 2023).

Hoy en día hay clara conciencia, en las nuevas generaciones, sobre el cuidado del ambiente para mitigar los efectos del cambio climático, convirtiéndose en una preocupación y un enfoque académico, más no es parte de ninguna ideología política. En Colombia, toma forma en el documento “Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia” liderado por el gobierno del Dr Iván Duque y su ministro de Minas y Energía de ese entonces, el dr, Diego Mesa Puyo, y en la Ley 2099 de 2021, sancionada por el Presidente de la República, sin embargo, el Gobierno actual está tomando decisiones inmediatas para descarbonizar la economía, cortar la dependencia del petróleo, el carbón, el gas y extender el uso de energías limpias. En la COP28, el presidente compartió la postura del país frente a la crisis climática y destacó que Colombia dejará de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, acorde con uno de los compromisos en campaña; aspecto que provoco cuestionamientos por parte de sus contradictores políticos. Uno de estos, expresado a través de un foro realizado en la Fundación Universitaria del Área Andina, donde hubo presencia de personajes de la vida política más que la académica, quienes expusieron importantes datos sobre la industria energética del país, gracias al conocimiento técnico de algunos invitados.

Cabe recordar que el presupuesto nacional y el sistema nacional de regalías se alimenta de las exportaciones, centradas en el carbón y el petróleo, las cuales representan casi el 50%, seguido por las exportaciones de productos no tradicionales. También cabe aclarar que la balanza comercial es deficitaria, lo cual afecta también a la economía nacional, razón por la cual, se requiere revisara la matriz productiva, descuidada por la clase política tradicional. Es obvio que una reducción de las exportaciones energéticas – que aún siguen en poder del pueblo- afecta el Sistema Nacional de Regalías y el Sistema General de Participaciones y en consecuencia a los entes territoriales. Es decir, los argumentos técnicos expresados en el foro, son valiosos, más los efectos analizados, responden al supuesto de finiquitar contratos de explotación, que difieren a los contratos de exploración que actual hay más de 330. Por otra parte, los contratos de explotación petrolera en Colombia, tienen una duración de “24 años, prorrogables hasta el límite económico zzdel Campo Comercial, según lo escoge el Contratista” (ANH, 2024). Pequeño detalle que se esquiva cuando los contradictores olvidan el tema técnico y obviamente la información es tendenciosa. Al revisar las exportaciones colombianas en el año 2023, no hay alteraciones, el Carbón tubo una participación del 18%, el Petróleo 32% (Dane, 2024) y según datos del primer trimestre de este año, la tendencia para fin de año, seguirá igual…

¿Entonces por qué la alarma? ¿El relato o más bien las posiciones ideológicas se mezclan con la academia y terminan dominando las primeras? Es el enfrentamiento entre privatización y estatización, la cual al final, también termina en poder de particulares. Es el enfrentamiento de quienes de alguna manera tiene vinculación contractual con los gremios mineros contra quienes pretenden la estatización o fortalecimiento del Estado. Se revive la relación entre privado es eficiente y Público, ineficiente, cuando ya el sector salud demostró que los particulares quebraron las EPS y hay empresas estatales que puede ser eficiente como las empresas públicas de Medellín. Quienes pueden perder los beneficios de la privatización y la contratación pública para la exploración petrolera como la ACP (asociación Colombiana de Petróleo y Gas), son quienes dan la pelea bajo pretextos del desamparo de las comunidades marginadas, cuando es evidente, que las zonas más ricas del país en recursos energéticos tienen las poblaciones más pobres. “Desafortunadamente, en el 2022 creció el número de habitantes del Cesar que están en pobreza monetaria extrema, es decir, que padecen hambre y necesidad, pasando de 18,9 % a 21,7 %” toda vez que se destaca por la presencia de minas… en poder de particulares frente a una pobreza estructural de decenas de años, aspecto que descuida Didier Lobo.

En este foro, no hubo presencia del sindicado, para escuchar su versión y mostrar un debate académico y objetivo, desapegado de las pasiones que no llevan sino al enfrentamiento personal, incluso, como lo demostró Francisco Lloreda, quien aparentó objetividad, pero sello con agresiones verbales. Llama la atención Claudia Margarita Zuleta, diputada del Cesar por el Centro Democrático con un pasado controvertido. El senador Didier Lobo Chinchilla, envuelto en escándalos por un supuesto desfalco por más de 4.000 millones de pesos en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), mientras era alcalde de La Jagua. Esa presencia de personajes, no da la credibilidad que se espera en un foro de esta magnitud. Los aportes de Luz Stella Murgas, Ricardo Delgado, Luis Madrinan, pese a su vínculo con las grandes empresas de explotación minera, sus posturas son proactivas, pertinentes y objetivas propias para la categoría del evento, así como Juan Escobar, Robledo y Edwards.

Reavivar la polémica entre privatización y estatización, no es el asunto, como tampoco es cierto que Colombia dejará de exportar materias primas, como lo ha venido haciendo desde más de 100 años. El enfoque es a la diversificación y la transición hacia una economía moderna, la cual debió hacerse desde hace 50 años, por quienes hoy se alertan, sustentada en energía alternativas que reduzcan costos energéticos de la producción y también, porque no, costos ambientales, los cuales, en el largo plazo, se pagan.