Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*
Consagrado está que los estados tienen a cargo la seguridad pública como función que comprende la prevención de los delitos, la investigación, la persecución de los delincuentes, las sanciones administrativas, construir un clima de seguridad, confianza ciudadana, paz social y orden público como principales obligaciones y un derecho esencial de toda sociedad, lo que implica ofrecer garantías para que las personas puedan desarrollarse plenamente y desplegar sus potencialidades con la certeza que su patrimonio, bienes y vida se encuentran fuera de cualquier peligro; de allí que bien pueda decirse que la seguridad pública deba permitir que los ciudadanos ejerzan sus libertades dentro de los cauces del derecho y sea importante instrumento para la gobernabilidad, la competitividad, el desarrollo social y el crecimiento económico.
Y si bien se han establecido estrategias y validado criterios para combatir y prevenir el delito; es indudable que la inseguridad sigue encontrando caminos para reproducirse de manera exponencial, dando como resultado que inseguridad y violencia son el producto de un complicado entramado de problemas sociales y económicos articulados con pobreza, desintegración familiar, marginalidad y los muy bajos niveles de cobertura en educación, salud, cultura, recreación y deporte, así como de errores, negligencias e impunidad en la impartición de justicia, lo que crea unas dinámicas antisociales y abundancia de fenómenos delictivos que generan uno de los principales temas de preocupación pública, lo cual debe centrar la mirada del Estado si en verdad se quiere mantener la paz y el orden públicos, en lo que importan estrategias integrales de corresponsabilidad en seguridad y la eliminación de prácticas que además de producir miedo y desconfianza, debilitan la cohesión social.
Fundamental en esto la participación ciudadana, que amén de reconocer perfectamente sus derechos, debe ejercer sus obligaciones como una conducta de responsabilidad y compromiso con su comunidad; ya que para que una sociedad sea corresponsable es necesario establecer condiciones y relaciones de confianza de doble vía, pues sin ella imposible es alcanzar cualquier tipo de metas colectivas, siendo prioritario en consecuencia implantar e implementar una agenda de seguridad ciudadana que en primer plano ponga la protección de las personas, sea coherente con todo cuanto significa desarrollo humano y bien pueda ser una herramienta de gobernabilidad.
No podemos perder de vista bajo circunstancia alguna, que la seguridad pública debe tratarse bajo aristas de multidimensionalidad, integralidad y transversalidad; lo que implica una visión global e incluyente; en la verdad que el propósito es construir esquemas de coordinación y colaboración en todos los niveles de gobierno y sectores social, público y privado para que del corto, al mediano y largo plazos, se brinde certeza, tranquilidad y protección permanente desde una perspectiva de gobernanza y real participación democrática.
La percepción y vivencia de los ciudadanos sobre la inseguridad determinada está por factores tales como la incidencia de eventos delictivos que corroe la confianza hacia las instituciones de seguridad; el comportamiento y desempeño de las autoridades, la impunidad reinante en todos los sectores, el incremento de población desplazada de zonas de conflicto, aumento lógico de la pobreza ante el fenómeno de la superpoblación de algunos sectores ya de por si deprimidos económicamente de las grandes ciudades; hechos que se convierten en caldo de cultivo ideal para que los grupos terroristas infiltren dentro de este segmento de población a sus agentes encubiertos y ellos a su vez perviertan aún más el sistema de seguridad urbano de cualquier ciudad, lo cual de hecho es lo que están haciendo desde que las operaciones militares les cerraron la puerta de los ataques a bases aisladas, puestos de policía y poblaciones lejanas.
Otras factores incidentes en la inseguridad son también la siempre galopante corrupción gubernamental, invasión del espacio público, vendedores ambulantes, falta de compromiso, ineficiencia e impericia de los gobernantes, caos vehicular, falta de solidaridad ciudadana, populismo de algunos mandatarios, el descontento ciudadano especialmente en lo social, es escaso apoyo a los sectores mayormente vulnerables, la pauperización de la economía lo que requiere de liderazgos ciertos comprometidos con la reconstrucción del país, cumplir los sueños con base en el trabajo, acercarse a la gente, entender que nada se logra solo y determinante es constituir y construir equipos, y que los ciudadanos en aras de apuntar a reivindicaciones mejores usen sus derechos políticos en superior forma y manera.
Es claro que la percepción influye en el ánimo ciudadano, pero la realidad que se palpa en los más de los rincones del país y especialmente en nuestra ciudad, departamento y región indica que en lo concerniente a seguridad mucho es lo que queda por avanzar, razón por la cual los gobiernos deben centrarse en principios de actuación y en objetivos particulares susceptibles de ser alcanzados de manera progresiva y contundente, de lo contrario vamos a seguir siendo superados de manera incontenible por la inseguridad, flagelo pernicioso y perverso que no deja progresar, construir ni consolidar democracia.
* rubenceballos56@gmail.com * Jurista
