Juan Pablo Bermúdez Riaño

Por Juan Pablo Bermúdez Riaño

El servicio de energía es básico para cualquier sociedad actualmente; es vehículo de desarrollo, calidad de vida, un derecho fundamental al que todos los ciudadanos deben tener acceso garantizado. Desde que el presidente, Gustavo Petro, anunció que retomaría la función constitucional de establecer los precios de las tarifas de la energía por cuenta propia, nos hemos estado cuestionando cómo funciona el sector, cuáles son los entes reguladores, actores y posibles escenarios. Lo cierto es que la saturación de información respecto de este asunto nos ha dejado sin energía. Es pertinente, creo yo, entender qué hay detrás de la prestación del servicio público y cuáles son las consecuencias de pretender un cambio estructural sin antes entender el funcionamiento e ignorando lo que la historia nos ha enseñado.

El sector energético, en Colombia, se inició hace poco más de un siglo de la mano de la inversión privada, sin embargo, pasó al dominio del Estado por presiones políticas, lo que terminó, por diferentes causas, como la deficiencia en la gestión y la politización de las empresas que prestaban el servicio, en el racionamiento entre los años 91 y 92 -nuestros padres y abuelos darán cuenta de ello-.   Con las leyes 142 y 144 del 94, se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con la función principal de garantizar la seguridad energética en el país delimitando un marco regulatorio para la toma de decisiones fundamentalmente técnicas creando las condiciones necesarias para que la oferta de energía sea sostenida y pueda cubrirse la demanda, por supuesto, cada vez mayor y así no se dé un racionamiento de nuevo.

¿Cómo funciona el sector energético?

Funciona en un Mercado Energético Mayorista que incluye diversos agentes que participan en la cadena de valor de la energía, que incluye generación, distribución y comercialización. En él, se promueve la libre competencia, se garantiza la libertad de celebrar contratos, se promueve la participación del sector público y privado para evitar, en beneficio de los usuarios de energía en el país, el surgimiento de monopolios e irregularidades en los cobros. Por supuesto, es innegable que se presentan precios exagerados, particularmente, en la costa Caribe. Los alcaldes de esta región le han levantado la mano al gobierno nacional para que destine recursos en forma de un fondo de estabilización de precios de la energía en zonas críticas en relación con el factor pérdidas no técnicas, para que sea el Estado el responsable de este rubro. En últimas, la CREG no es totalmente autónoma del ejecutivo y sí es su función garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Existe el mercado spot, en el cual se realizan intercambios comerciales soportados en una bolsa de energía. De acuerdo con un informe académico de la Universidad Francisco José de Caldas*, la variación en los precios de la bolsa se afecta ante un cambio estructural provocando incertidumbre y, por consiguiente, riesgos asociados a la inversión. Esta es la razón por la cual los agentes generadores de energía estiman precios prospectivamente disminuyendo la incertidumbre, paliando tales riesgos y asegurando, asimismo, la aplicación de tarifas justas a los usuarios. En la actualidad, los precios de la energía se establecen por medio de una subasta de compra y venta de común acuerdo entre los agentes contratantes. Para estimar de la manera más precisa posible el precio, se tienen en cuenta modelos econométricos altamente complejos que incluyen información histórica, errores, adversidades internas o externas que provienen de esquemas aplicados en países como Inglaterra.

Cerca del 67% de la energía que se produce en el país proviene de fuentes hidráulicas aprovechando la topografía colombiana. Esta es energía limpia, sin embargo, depende, en gran medida, de la gestión del recurso: los ríos acaudalados en época de lluvias llenan los embalses de las hidroeléctricas, pero esta agua embalsada se debe dosificar y gestionar para que alcance durante la temporada de sequía. En el anhelado camino hacia la transición energética, como lo indica un estudio de la Universidad del Norte**, la clave es la diversificación de la matriz energética del país sin prescindir del respaldo térmico, es decir, gas, porque la generación eólica y solar demanda una inversión muy significativa y esto conlleva bastante tiempo.

El precio en bolsa por Kwh (kilovatio/hora), en 1997, alcanzó los $230 aproximadamente, por cambios drásticos en el modelo de estimación. El año siguiente, se redujo considerablemente hasta casi los $20, subiendo, desde allí, sostenida, pero de manera estable hasta hoy. Un cambio súbito en la forma de calcular los precios de las tarifas en el país provoca riegos de inversión aunados a pérdidas para los agentes del sector. La historia lo ha demostrado.

El sector de la energía es altamente volátil, entre otros aspectos, porque, en el país, contamos con factores de riesgo como el fenómeno del niño, clima estacional, violencia, demanda creciente, poca capacidad de almacenamiento y bajo grado de inversión. Lo último es que el Consejo de Estado resolvió tumbar los efectos del decreto que volvía inservible a la CREG, escuchando las peticiones de exministros y exviceministros plasmadas en una carta públicamente conocida. Tenemos institucionalidad, por fortuna.

* Bello y Beltrán (art. De investigación) UFJC

** Adriana Arango U. del Norte

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