Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*
Será que no saben, y si saben, no se dan por enterados nuestros dirigentes todos, de las responsabilidades y compromisos que le son propios e inherentes, lo que me atrevo a decir por cuanto parecemos condenados al no ver salvaguardados como debieran ser muchos de nuestros derechos y libertades, como tampoco una política de austeridad; y en cambio sí, asignan ingentes cantidades de dinero a proyectos apenas necesarios, dejando cantidades insuficientes a los programas encaminados a garantizar los derechos de las personas.
Es evidente que el gobierno ha sido y es insensible para preservar la vida de muchas de nuestras comunidades, ha sido un gobierno omiso para atender los problemas mayores que los afectan, así como para apoyar en debida forma el efectivo ejercicio de sus derechos, lo que es clave como importante decir, ya que si realmente hubiera compromiso se estarían financiando aquellos programas que tienen impacto en la vida de las comunidades, especialmente las menos favorecidas. No se ha impulsado debidamente lo regulado en la ley para que realmente se avance con las garantías señaladas y ejerzan plenamente sus derechos, faltando promover e impulsar políticas públicas con enfoque inclusión.
Tampoco se ve un trabajo legislativo que demuestre a la actual administración que hay otras formas de trabajar en favor de la gente más necesitada, que lleva a cuesta una discriminación contra ellas en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales, lo que es a todas luces inaceptable, siendo hora ya que todos a una como en Fuenteovejuna, asuman el importante objetivo de impulsar reformas a nuestro orden jurídico que den certezas a nuestras más afectadas comunidades en el ejercicio de sus derechos.
Impulsar iniciativas que promueven más y mejores oportunidades de desarrollo social, humano y crecimiento económico, fomentar a tope el emprendimiento con más financiamiento, mejor capacitación y la promoción de estímulos fiscales; así como iniciativas que refuercen los mecanismos jurídicos que aseguren accesos efectivos a las diversas instancias gubernamentales, a efecto de lograr los unos y más avances que permitan integrales progresos. Es velar por presupuestos y políticas públicas que sean relevantes para la igualdad de oportunidades, el avance y empoderamiento, lo mismo que el fortalecimiento de acciones en pro de más infraestructura, salud, educación, productividad y cuidado del medioambiente, entre otros generales y particulares aspectos.
Grande es la deuda impagada con nuestra sociedad, es histórica y profunda. Por ello, interesa que se trabaje con prisa y sin pausa para lograr más por dichas comunidades, en vía a proteger vida y dignidad, para que tengan un mejor presente y un prometedor porvenir.
*Jurista rubenceballos56@gmail.com Columnista.
