Por: José Manuel Herrera Brito

Combatir la inseguridad que acusamos debe ser en extenso uno de los objetivos primeros de los gobiernos nacional, departamental y municipal. La ola de violencia que soportamos con resultados más que funestos, así lo ameritan. Se requiere en verdad una respuesta contundente al clamor ciudadano respecto de lo que está sufriendo por tales procederes, necesitadas de mano dura en su solución, camino a generar tranquilidad en la comunidad toda; más, cuando conscientes somos que la magnitud y la complejidad del problema que entraña la delincuencia organizada y las otras muchas de distinto origen, naturaleza y propósitos, demandan una estrategia general más allá de la respuesta armada y que la entienda como un hecho de múltiples dimensiones que deben materializar acciones y hechos concretos más temprano que tarde.

Nuestro problema de inseguridad ha trascendido todos los límites, ya que no es solo reducir su parte más visible que es la violencia callejera, sino atenderla íntegramente en cuanto a complejidad de causas, procedimientos y resultados del flagelo; siendo dable destacar que entre las dos primeras sobresalen factores estructurales como pobreza, inequidad, desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, amén del poder económico de las organizaciones que se encuentran en la cima de dichas actividades.

En lo que hace referencia a los procedimientos, en cuenta debe tenerse la vinculación de las mafias con sus séquitos criminales, encargados del transporte de la droga desde las fronteras hasta los puertos y reciben la mayor parte de su remuneración en droga, incentivando microtráfico, consumo interno, reyertas territoriales y alentando como lo hacen, a la delincuencia común, atizando así que se generalice la violencia como es lo cotidiano.

Busca además el narcotráfico, penetrar en las instancias policiales, militares, judiciales y políticas, a la postre el terreno más complejo en el combate, porque enfrenta a un enemigo dentro de la propia estructura institucional y cuenta con los recursos suficientes para ponerlo a su servicio, lo cual viene ocurriendo en el país con veloces y significativos avances.

De otra parte, tenemos que la vinculación política / delincuencia organizada se facilita por la debilidad institucional, la miopía de la clase política, así como la animosidad y prevención a adelantar acuerdos serios y ciertos en torno a problemas de esta índole.

En definitiva, y ello tenemos que aceptarlo con todas sus letras, el problema requiere una visión de conjunto, estratégica, nunca minimizada a la táctica de represión callejera, sino construirla y ponerla en práctica sin reducirla a lo eminentemente castrense. Es reflexionar y actuar, so pena de seguir cayendo en el abismo insondable del no retorno. saramara7@gmail.com