Por: Carlos Flórez Sarmiento*

El conjunto de normas o valores informales compartidos entre los miembros de un grupo y que permiten la cooperación se define por estudiosos de la temática, como capital social. De todos maneras, compartir valores y normas no genera en sí mismo capital social, máxime cuando los valores son erróneos, lo que nos lleva a concluir que las normas que producen capital social deben incluir, básicamente, virtudes como decir la verdad, cumplir con las obligaciones y practicar la reciprocidad, en la afirmación que todas las sociedades cuentan con una reserva de este capital social y es tal vez la estructura familiar su mayor reservorio, ya que generalmente los miembros de una familia comparten una confianza entre sí y una comunión de valores que luego transmiten a otros ámbitos de su vida, tales como asistencia recíproca financiera, el emprendimiento de las empresas familiares tan importantes en nuestra sociedad y el cuidado de los niños y adultos mayores cuando es requerida.

Sin embargo, resulta obvio que todo ese plexo de normas reconocidas y de confianza mutua no se aplica a la vida pública, en la cual los niveles de confianza y honestidad son marcadamente más bajos. Desde hace ya más de medio siglo, se han incrementado los indicadores y elementos que confluyen en la negatividad de ese capital social: el ingreso de la mujer en la fuerza laboral, el incremento en el número de divorcios, las constantes crisis económicas del país y el aumento del desempleo.

Como consecuencia se ha incrementado el nivel de delincuencia, así que debemos concluir que el nivel de delitos tiene una vinculación directa al detrimento de capital social que ha sufrido la sociedad. Establecida la relación entre la acción delictiva y la pérdida de valores tradicionales sociales vale detenerse en la complejidad de la relación detectada, para así poder establecer que la sociedad dispone de medios formales e informales para establecer normas y castigos.

En un imaginario idílico, la mejor manera de controlar el delito no es mediante una fuerza policial numerosa y represora sino por medio de una sociedad que, ante todo, educa a los jóvenes en la observancia de las leyes y normas vigentes. A lo dicho, debemos sumar la necesidad de reencauzar a aquellos que han sido sancionados por el sistema punitivo y, dada la orfandad de educación que ha prevalecido en los últimos decenios, proveer un sistema educativo paliativo y de reencuentro con los valores sociales para con los progenitores de los jóvenes.

En un cuerpo social correctamente conformado, los principales preventores de la delincuencia son el cuerpo de padres mismos que deben interrelacionarse en las diferentes comunidades, debiendo el Estado no sólo permitir el ejercicio de los derechos de estos sino reclamarle la tarea socialmente impuesta. En relación al capital social, el objetivo de las políticas generales debe ser nutrirlo y restaurarlo.

*Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Magister en Seguridad. Ex Edil de Usaquén. Candidato al Concejo de Bogotá

TEMA ENLAZADO: SEGURIDAD (I)