Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*.

No puede el país, y eso debe quedar claro de una vez por todas, que siga escalando exponencialmente el crimen entre nosotros. Tenemos que ajustar todo a este tenor. Judicializar al delincuente como tiene que ser. Procurar un Estado en capacidad de quebrarle el espinazo lo más posible a todo atisbo de criminalidad en su seno como es lo pertinente, en lo que importan oportunidades mejores que acaben inequidad, hambre y violencia y demás otros problemas tales como la falta de cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración, que generan inestabilidad. No puede ser el crimen una actividad para subsistir.

Nuestra estructura social se ve amenazada, peligra con el embate cada vez más especializado de la delincuencia, que nos desnuda en todas y cada una de las falencias que acusamos y las equivocaciones que cometemos en esta, como en otras asignaturas transversales a esta problemática. Las políticas estatales en su conjunto en esta materia han sido y son un fracaso y requeridas están de implantaciones e implementaciones mejores que la pongan en articulación con las propias realidades y necesidades que acusamos. No puede ser el crimen en ninguna de sus formas una actividad para poder subsistir y menos consagrar con honores el ser, hacer y quehacer criminal.

El sistema acusatorio, imperante hoy entre nosotros, plagado está de falencias, es laxo y permisivo. Interesa en manera importante y urgente dotar de herramientas a las autoridades en dirección a poderse controlar el impacto de la delincuencia, así como la perniciosa reincidencia, que muestran inoperante nuestro aparato judicial.

La seguridad ciudadana, preocupación real de la población, requiere de medidas de fondo que la garanticen, toda vez que es más que evidente el incremento de las amenazas contra la seguridad personal y patrimonial, mismas que reducen en alto grado las opciones de vida de las personas. Requiere el país una seguridad efectiva, que signifique la reducción de las tasas de criminalidad y del riesgo de ser víctima de un delito. Es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Es bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

No se trata solo de reducir los delitos como bien sostienen expertos en la materia, sino que debe corresponder a una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores y el respeto por la ley.

* Luis Gilberto Ramírez Calle. General (r) Policía Nacional de Colombia. Administrador. Consultor Asesor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo.