Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Frente a la mala y peor administración de la justicia que tenemos, siempre estará sobre el tapete en todas las épocas y espacios dicho tema, el cual llama con insistencia desde hace largo tiempo para que sea reformada de manera integral, en la verdad, y ello ha sido demostrado reiteradamente, no se pueden concebir paz, seguridad ciudadana, progreso, bienestar, inclusión en un mundo globalizado ni su triunfo frente al flagelo voraz de la corrupción, si no se cuenta con una justicia plena, sólida, limpia, proba, autónoma, independiente, plural, solidaria, organizada, moderna, cumplida, sintonizada, armonizada y articulada con las necesidades de los justiciables y con las exigencias del hoy.
Tenemos una corrupción generalizada y rampante apoderada del país, misma que desde hace tiempo se encuentra instalada desafortunadamente en ciertos despachos judiciales como con vergüenza se ha demostrado, lo que impone y hace necesario pensar y repensar sobre la necesidad inaplazable e imperiosa de realizar una reforma integral a la justicia en nuestra Colombia. No más reformas parciales, toda vez que su problema no es solo la congestión que la ahoga o la impunidad que galopa, temas de por si relevantes y preocupantes. Lo cierto es que debe irse más allá, y entrar de manera definitiva y pronta al campo de las soluciones de manera integral.
No nos podemos quedar esperanzados ni anclados en esto de la reforma a la administración de justicia, requiere ella entre nosotros de un remezón estructural y no dejarlo como un saludo a la bandera apenas como un problema ético o humano. hay que robustecerla. Eliminarle todas sus deficiencias que son muchas. Importa para su buen y mejor funcionamiento, eficacia y eficiencia, concentrarla, articularla. Pues no se justifican cinco cortes, siendo la JEP una más de ellas, a cuyas competencias jurisdiccionales, se adicionaron otras de carácter electoral, para elegir funcionarios diferentes a la misma rama, lo que conduce a que se disperse la función judicial en asuntos que no son de su resorte, amén de poner a los magistrados en procesos electorales, que acaban en entremetimientos políticos que en nada ayudan a hacerla más dinámica y cierta, de lo que somos testigos día con día, No se trata de darle soluciones inanes al problema, devolviendo la elección al Congreso con imitaciones de concurso, que tienen definidos a los de su inicio, tienen cantado al futuro elegido.
La verdadera paz de Colombia precisa de una justicia fuerte, independiente, sin corrupción, con tecnología y con una adecuada infraestructura; sin impunidad en las causas penales. El compromiso de quienes aspiran a la primera magistratura debe ser el de poner todo su liderazgo para que estos propósitos sociales e institucionales se hagan realidad en Colombia. Que los habitantes de esta nación puedan contar con una administración de justicia que garantice el goce de sus derechos; que todos tengan acceso a sus servicios, por pequeña que sea su causa o por escasos que sean sus recursos económicos.
Llevamos varios gobiernos, un gran número de comisiones y varios intentos de reforma; los mismos que se han frustrado e incluso contaminado por torcidos intereses. Esperemos que en el próximo cuatrienio sea posible lograr la solución a los problemas que enfrenta la administración de justicia en el país, lo cual es una necesidad patria, que de no sucederse malos y peores serán augurios y realidades en asignatura tan importante para la buena marcha institucional de Colombia.
*Saúl Alfonso Herrera Henríquez saulherrera.h@gmail.com Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual
