Por: Rafael Robles Solano*
Para preparar y redactar los análisis y reflexiones de este titular, me he documentado inicialmente con los informes publicados en años recientes por entidades respetables como la CEPAL (COMISIÓN ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE), la COMISIÓN DE LA VERDAD y el CNMH (CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA), cuya sede en Bogotá muy pocos conocen; dejando de lado las estadísticas referidas a las víctimas mortales y de las desapariciones, con el propósito de evitar prejuiciosos señalamientos de que el suscrito intente abrir espacios a favor de quienes hoy buscan que el país, consiga escenarios de reconciliación para acceder a las convivencias propias de la paz total que se viene procurando implementar por parte del Gobierno Nacional.
El drama de los desplazados en Colombia lamentablemente pasa desapercibido para la mayoría de nuestros conciudadanos, por cuanto de sus trágicas penurias nos solemos enterar por las breves noticias que difunden los noticieros locales y nacionales, entreveradas en medio del cumulo de acontecimientos cotidianos con las que distraen y entretienen a las sociedades urbanas de consumo.
Nuestro poco interés e indiferencia ante semejantes situaciones es casi que patética, porque no solemos molestarnos en visualizar las implicaciones de todo orden que concurren a sus desarraigos poblacionales, los cuales atraviesan problemáticas que van desde los marcos sociales, como son los cinturones de marginalidad urbana que observamos en las ciudades, a los económicos, quedando estos en condiciones de severos riesgos de insubsistencia alimentaria y pobreza, hasta los entornos familiares, con los traumas emocionales resultantes de los repentinos cambios en sus costumbres y culturas, pues los injustificables desplazamientos forzados, son producto de la violencia rural a los que son sometidos, como los confinamientos colectivos mientras consiguen huir de sus tierras y comunidades.
Continuo resumiendo los siguientes informes, señalando que los registros oficiales son alarmantes y además vergonzosos, pues se contabilizaban hasta 30/06/2021, alrededor de 5.2 millones de víctimas de desplazamientos forzados internos en Colombia, cifra que bajó a 4,8 millones en 2022; mientras que el acumulado histórico desde 1985, alcanza los 8´219.403, hasta 31/12/2021, estadísticas que equivalen al 5% de la población colombiana, siendo la segunda en magnitud en Suramérica y situándonos como uno de los mayores países a nivel mundial. Fuentes: IDMC (INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE), la Agencia EFE, en el Diario LA PATRIA y el RUV (REGISTRO UNICO DE VÍCTIMAS).
Termino el presente contenido citando a la CEPAL, cuando acertadamente sostiene que: “El éxodo de millones de mujeres, hombres, niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, indígenas, negros, palenqueros, raizales y gitanos, predominantemente de origen campesino y rural, no puede explicarse exclusivamente como consecuencia de la guerra y las lógicas de confrontación entre diferentes actores armados. Este informe analiza cómo el desplazamiento forzado también ha sido el resultado de múltiples prácticas violentas, provocadas y promovidas por empresas criminales conformadas por alianzas entre distintos actores –narcotraficantes, empresarios y políticos–, por motivaciones ideológico-políticas y también por motivaciones puramente rentistas para apropiarse y acumular poder y riqueza. Como consecuencia de lo anterior, esta forma de violencia ha resultado funcional a un modelo de desarrollo económico y social excluyente, inicuo, concentrador de la riqueza y discriminatorio, que ha sido impuesto a través de la violencia que transforma los territorios a partir de la expulsión de sus habitantes.” Entonces, necesitamos más solidaridad social.
* Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
