Por: Rafael Robles Solano*

En los últimos meses hemos venido recibiendo a través de los distintos medios de comunicación, informes este enorme proyecto hidroeléctrico iniciado en el año 2010, con la firma del contrato entre la EPM (Empresas Públicas de Medellín), con la sociedad Hidroituango, sobre el que actualmente recaen versiones contradictorias y discusiones sobre su futuro inmediato. Esta mega obra, deberá generar el 17% de la energía que se consume en Colombia. Sin embargo, a raíz de la emergencia desatada desde fines de abril de 2018, cuando se taponó una de las galerías auxiliares, accidente causado por la hidroeléctrica, que días después, el 12 de mayo de 2018, obligó a la evacuación y desplazamiento de miles de familias en varios municipios vecinos del proyecto, que se encuentran aguas abajo en el curso del rio Cauca, cuando una creciente inesperada hizo desaparecer del mapa 70 viviendas y dejó un centenar más afectadas en Puerto Valdivia, hecho que obligó a la evacuación de urgencia de las restantes poblaciones vecinas, como Ituango, que se queda incomunicado siempre que se presenta una situación de riesgo, Valdivia donde se afecta el ya citado corregimiento de Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, corregimiento de Tarazá.

Durante meses los municipios aledaños al proyecto y el río Cauca, han sufrido las consecuencias de las dificultades resultantes de la mega obra y actualmente las poblaciones aludidas incluyendo a Cáceres, se mantiene la alerta amarilla. Aunque después el nivel del río bajó, EPM contrató escuadrones de vigilancia para monitorear el cauce y evitar nuevas inundaciones y mortandades de peces. Estos incidentes han causado el retraso de las obras, la desconfianza de las autoridades nacionales y pobladores. Por lo expuesto, observamos con preocupación y desde la distancia, como se debaten en serios enfrentamientos entre las agencias ambientales y de protección de riesgos, contra las directivas de la EPM, que, encabezadas por el actual alcalde, rechazan la eventualidad de una posible emergencia con desastres de magnitudes catastróficas, semejantes a las que arrasaron la población de Armero en 1985.

Pero lo único cierto es que hasta ahora, inicios de diciembre del año 2022, el proyecto presenta inocultables retrasos y problemas para su funcionamiento, teniendo en cuenta que se tenía como expectativa prender las primeras turbinas para diciembre de 2021, además concurren hoy cuestionamientos de las autoridades ambientales, como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que exige la evacuación de todas las poblaciones aledañas, especialmente las que se hallan rio abajo; las de vigilancia y control, como la Procuraduría General de la Nación, que le requirió a la EPM, entregar resultado de las pruebas antisísmicas, por el temor a que la montaña, donde se hallan las turbinas, no resista las enormes vibraciones producidas por su funcionamiento.

Las dificultades hasta acá reseñadas en la ejecución las obras, han sido las que llevaron a que la EPM, pidiera más tiempo a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), para el encendido de turbinas 1 y 2 de Hidroituango, porque el plazo venció el 30 de noviembre de 2022, de lo contrario y de no funcionar las primeras turbinas, EPM tendría que pagar una multa de 190 millones de dólares por incumplimiento en la generación de energía. Dado que las pruebas preliminares salieron exitosas, entonces, esperemos en que esta historia, termine bien y se programe como es, la evacuación exigida por la UNGR.

* Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmil.com