Por: MELANIO ZUÑIGA HERNANDEZ*

Históricamente Colombia se ha caracterizado por ser un país donde la violencia propiciada, bien sea por parte de actores políticos, grupos armados o de delincuencia común, se ha convertido en un referente que caracteriza a las diferentes regiones, en mayor o menor intensidad.

En lo que refiere a su carácter político, el tipo de actores involucrados tienen claro que no se trata de un conflicto étnico, racial, lingüístico o religioso como sucede en otras regiones del mundo, sino por el control del poder de los recursos, el territorio y sectores de población entre las elites y contra elites; cuya identidad y antagonismo se definen predominantemente de manera político – ideológica, es decir, se trata de un conflicto originado, ante todo y principalmente, en la exclusión política.

Para comprender su intensidad, especialmente en los periodos del auge del paramilitarismo y narcotráfico, conviene analizar el número de bajas y desplazados de la población civil por parte de actores armados ilegales como las autodefensas, las guerrillas y la fuerza pública con los falsos positivos.

Los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, que representan mas del 10% de la población colombiana, experimentan niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social, además de que continúan enfrentando una severa discriminación, a pesar de la existencia de marcos regulatorios legales nacionales, y de diversas instituciones para asegurar el ejercicio de los derechos de estas comunidades; que terminaron siendo quizá uno de los sectores en donde la guerra y el conflicto armado impacto en mayor grado de intensidad sus territorios.

Ahora bien, los impactos del conflicto para los afrocolombianos en términos de poblaciones fracturaron la unidad del tejido social de las familias en muchas dimensiones, considerando que más de un millón quinientos dieciocho mil (1’518.000) personas de esta etnia, que representan el 25.3% del total de la población desplazada del país, han sido expulsados violentamente de sus territorios hacia centros urbanos en donde viven en condiciones de alta marginalidad, exclusión y discriminación.

Aquellos que decidieron permanecer en resistencia en los territorios o que no tuvieron opción diferente a quedarse por razones múltiples, han vivido y continúan padeciendo una situación de confinamiento que restringe el ejercicio de sus derechos y movilidad, siendo testigos mudos de una violencia y destrucción de sus territorios por la agudización de la guerra y los cultivos ilícitos y el narcotráfico, que gradualmente ha adquirido una dinámica que esta generando una destrucción ambiental (“ecocidio”), con una continua y sistemática violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y una economía excluyente como sucede en la ciudad de Buenaventura, donde son muy pocas las oportunidades para sus habitantes, obligando a que los jóvenes migren hacia los grupos ilegales.

Importa señalar, que recientes informes del International Institute on Race, Equality and Human Rights de Washington refieren que, las “condiciones” que viven los afrocolombianos de cara a los resultados que configuraran el contexto post acuerdo, no resultan favorables, en absoluto, para los procesos de restitución, protección y promoción de los derechos de estas comunidades impactadas por el conflicto armado; pues los efectos del conflicto armado interno han marcado significativamente las circunstancias en las que viven actualmente los grupos de negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales en Colombia.

Bajo los resultados del escenario así descrito, la firma de los acuerdos de paz tan solo ha representado para estas comunidades un punto de partida con escenario de agudización del conflicto en sus territorios, con un costo bruto creciente en enfrentamientos, muertos y desplazamientos en toda la región del Pacífico, el Urabá, bajo cauca y algunos sectores de Antioquia, en donde hay grandes asentamientos de poblaciones de estas comunidades. 

Si bien es cierto sobre los móviles y dinámicas que acentúan la violencia que siguen afectando a estas comunidades, las cuales han estado y continúan asociadas no solamente a la confrontación militar entre las fuerzas militares, disidencias de las FARC y ELN; es claro que la conexion e interacción del conflicto con la economía ilegal a través de los cultivos de coca, narcotráfico y minería ilegal, conlleva inexorablemente a la continuidad y disputa violenta por el control territorial.

En el caso participar de la región del pacífico, donde se percibe hoy con mayor intensidad el conflicto entre actores armado, la falta de definición y articulación institucional de una política pública con enfoque diferencial étnico, que haga factible y garantice su implementación como se estableció en el acuerdo de paz, se ha constituido en factor determinante para que sus territorios se conviertan en el epicentro de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

La ausencia de un reconocimiento explícito por parte del gobierno nacional a los impactos del conflicto sobre los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se entiende como una de tantas falencias crítica de los acuerdos de paz; considerando que el conflicto armado esta socavando profundamente las condiciones de vida de las comunidades para mantener un proyecto colectivo en sus territorios, que las beneficie a ellas y al país en términos de consolidar una nación diversa como lo es Colombia.

Departamentos como Cauca, Nariño, el Chocó, Valle del Cauca, el Urabá y bajo y medio Cauca, entre otros afrontan los graves impactos del conflicto armado sobre la vida colectiva de las comunidades afrocolombianas, a pesar de lo cual sus pobladores resisten para evitar su desaparición del territorio, entendido como su mayor capital político, cultural y económico.

Partiendo de estas premisas, los asesinatos de lideres defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las Farc, asentados en estos territorios, no puede entenderse desprevenidamente como casos aislados, relacionado puntualmente con el deterioro de las condiciones de seguridad por los narco cultivos de coca; sino a la postura limitada del Gobierno nacional frente a las causas de los asesinatos que dificulta su investigación, toda vez que el narcotráfico no es único y principal motivo de los homicidios, porque en el 63% de los territorios con cultivos de coca no se presenta este tipo de homicidios, según conclusión a la que llega la UIA Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el órgano que en materia de policía judicial aporta la documentación al Tribunal para la Paz.

Es importante señalar que durante los casi cuatro años de negociación entre el Gobierno y las FARC, no se adoptaron mecanismos adecuados para garantizar la presencia y participación de las comunidades, que ante todo, requerían de espacios de diálogo directo con las mesas, para facilitar y permitir que conocieran en profundidad los análisis y propuestas de las plataformas organizativas que reúnen a miles de víctimas afrocolombianas; pues solamente comprendiendo y caracterizando los impactos del conflicto armado sobre sus pobladores y pueblos permite valorar cuál es su real situación de vulnerabilidad y capacidades, para poder definir y enfrentar las posibilidades de implementación de los acuerdos y los costos y conflictos que vienen asociados al post acuerdo.

Finalmente debemos resaltar, que hoy los acuerdos son potencialmente una fuente de conflicto en determinadas regiones como el pacífico como consecuencia de la falta de instituciones del Estado para implementación del post acuerdo; más allá de la limitada capacidad de las administraciones locales y la presencia de las fuerzas militares que, ante la complejidad del conflicto y múltiples actores armados, ven comprometida muchas veces su capacidad y efectividad para su prevención y efectivo control.

De acuerdo con el informe del relator especial de la ONU para las comunidades afrodescendientes de Colombia, se ha reportado una escalada de violencia contra estos grupos humanos desplazados y en sus territorios en los últimos años. La gravedad de las vulneraciones a los derechos humanos de las personas y comunidades afrodescendientes hacen urgente que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones que la Constitución Política y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha señalado.

* Melanio  Zúñiga Hernández. Director ejecutivo de la (O.N.G) Promotora de Bienes y Servicios del Pacífico “PBS DEL PACIFICO”. Abogado en ejercicio, Revisor Fiscal de empresas privadas, asesor, consultor y gestor de proyectos en materia de emprendimiento empresarial y desarrollo social comunitario.