Por: Rafael Robles Solano*
Entre las muchas contradicciones absurdas que apreciamos en Colombia, podemos reseñar para el presente artículo, a propósito del titular del mismo, el tema de la destrucción de las maquinarias amarillas, advirtiendo que si bien, coincidimos en que el Estado está en su derecho de luchar, impedir y combatir todos los negocios ilícitos que existan en el país, aplicando todas las acciones represivas a su alcance, sin embargo, llama la atención y causa curiosidad, observar, que la mayoría de los municipios rurales vecinos a las minerías ilegales, carecen de los medios para adelantar obras civiles o atender las emergencias viales, la remoción de tierras por derrumbes y otros tipos de catástrofes naturales en sus territorios, o para realizar trabajos de gran complejidad y magnitud, como la construcción y reparación de carreteras, puentes, la demolición y transporte de escombros, túneles, represas, etc. Porque no tienen las capacidades, ni los recursos mínimos necesarios para negociar y adquirir maquinaria pesada o ligera, mejor conocida como: maquinaria amarilla.
Con esta breve introducción, refiriéndome a esta clase de equipos pesados, como son los tractores, buldóceres, motoniveladoras, cargadores frontales, excavadoras y retroexcavadoras, que, para sus desplazamientos, requieren la utilización de transportes especializados, pretendo aprovechar para analizar y reflexionar sobre los propósitos de nuestras autoridades judiciales, policiales y militares, quienes al localizar en nuestras zonas selváticas, sitios de explotación de minerías ilegales o madereros y laboratorios de drogas, de inmediato proceden a destruir dichas maquinarias. Entonces pregunto, ¿qué objeto o beneficio tiene su destrucción?
Indagando someramente sobre las razones para explicar y justificar esta clase de procedimientos, me informan que obedece a que, además de ser equipos que carecen de documentos que permitan rastrear a sus propietarios, no tienen registros o licencias, porque ingresan al país de contrabando, al amparo de las mafias que los utilizan para sus fines ilícitos e igualmente aducen, sobre las dificultades y costos de sacar esas maquinarias desde donde las localizan, para llevarlas a los territorios donde pueden ser utilizadas para beneficios sociales, lo cual puede ser cierto. Sin embargo, más allá de dichas razones, mirando desprevenidamente los costos beneficios de conservar dichos equipos y poder aprovechados posteriormente para la realización de urgidas obras civiles municipales, en las regiones vecinas, por lo expuesto, presumo que, así como los ingresaron, se pueden sacar, asumiendo los gastos que ellas demanden, y estimo a priori, que estos finalmente, serán inferiores a los costos de adquirir las maquinarias nuevas.
Bajo este sencillo razonamiento, estimo que puede ser viable la recuperación y conservación de dichas maquinarias, salvo que ellas no sirvan para los propósitos relacionados con el mantenimiento y reparación obras viales y civiles, además, de los conflictos que causa su destrucción para los mineros artesanales, que también resultan siendo afectados y perseguidos por la represión estatal, con el argumento de que ellos contaminan y degradan los suelos, los ríos, el aire, la pérdida de fauna y flora, de los recursos hidrobiológicos y la migración de especies, al equipararlos con los que explotan las minerías ilegales, quienes en realidad, son la gran amenaza para los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la salud de los colombianos.
Para concluir, me permito reseñar y discrepar del concepto sostenido por el Grupo de Diálogo sobre la Minería en Colombia – G.D.M.C., que, entre otros tantos argumentos, sostienen que aquellas no cumplen con los requisitos legales, pues carecen de las licencias ambientales, no aplican las normas laborales, de seguridad y salubridad industrial, no tienen las capacidades técnicas o no cumplen con el pago de regalías por la explotación de los recursos naturales, lo cual puede ser cierto, sin embargo, insisto, creo que se les puede adjudicar sin tantos trámites a cada una de las cabeceras municipales vecinas de esas zonas, todos estos equipos decomisados a las mafias de las explotaciones ilegales, para transferir las maquinarias recuperadas, evitando conflictos posteriores sobre reclamaciones promovidas por sus eventuales propietarios.
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
