Por: Alexandra Díaz Montenegro*
Como es tradicional para esta época se ha radicado ante el Congreso de la República el articulado de Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026, instrumento que establece e informa sobre la dirección de los esfuerzos del Gobierno Nacional de cara a su gestión en los cuatro años de Gobierno.
El día de hoy tuve interés en ahondar en el documento sobre las propuestas incluidas con respecto a una problemática que es recurrente al dialogar sobre industrialización, productividad y competitividad, y es el reto que tenemos como sociedad con nuestra economía popular o la economía informal, como se ha denominado de manera tradicional.
El enorme reto ha sido reconocido por anteriores gobiernos. En efecto, en pasadas versiones del PND se destacó la necesidad de diseñar políticas de formalización empresarial al considerar ésta una de las fuentes de baja productividad empresarial, precarias condiciones laborales, y en el agregado macroeconómico uno de los elementos que frenan sustancialmente la competitividad del país. Dentro de las recetas implementadas se encontraron regímenes de tributación más simples, mejores sistemas de monitoreo, programas para incrementar los beneficios de la formalización (capacitaciones, acceso a créditos blandos, eliminación y automatización de trámites), y campañas de comunicación para que hacer más evidentes los beneficios de la formalización, entre otros.
A pesar de esta priorización y de los enormes esfuerzos en términos de gestión pública y privada para mejorar los índices de informalidad, la realidad es que hoy en día no vemos un cambio contundente frente a los diagnósticos de la primera década de este milenio.
Las empresas en Colombia siguen presentando altos niveles de informalidad y el fenómeno sigue constituyendo un reto sustancial en términos de competitividad. El articulado de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 reconoce la persistencia de este reto y aparte de una diferenciación semántica en la cual ya no hablamos de la economía informal sino de la economía popular, también incluye diversos instrumentos innovadores de apoyo e inclusión a la economía popular. Algunos de ellos riesgosos pues su implementación puede abrir puertas a la ejecución de recursos públicos de manera poco transparente. Veamos más en detalle.
🔹La economía popular como un grupo de interés dentro de la articulación para la reindustrialización.
La primera propuesta innovadora, en el quehacer público, es el incluir a la economía popular dentro de los grupos de interés de la llamada “política de Reindustrialización para la sostenibilidad, el desarrollo económico y social”. Las bases del PND indican que los arreglos institucionales tendrán en cuenta la articulación pública y privada y propone considerar la economía popular como un grupo de interés dentro de la articulación para la reindustrialización. Es decir, representantes de la economía popular tendrán voz dentro de las discusiones de política para la productividad y la formalización. Un acierto.
De manera más específica, el articulado del Plan posibilita la inclusión de representantes de la economía informal en las juntas directivas de las cámaras de comercio, con requisitos más abreviados que el resto de los miembros. El articulado también propone la creación de un Consejo Nacional de la Economía Popular, como un organismo asesor y consultivo del Gobierno nacional, integrado por entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales y representantes de la economía popular. El articulado no indica cómo este consejo cohabitará con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, una instancia que se ha consolidado desde su creación en 2007.
Ahora, lo anterior también representa un reto en términos de gestión y de gobernanza. Por ejemplo, es natural preguntarse ¿Quién o quiénes serán los llamados a tomar las banderas de la economía popular? Al ser un grupo bastante heterogéneo la escogencia de sus voceros representa en sí mismo un enorme reto de gobernanza industrial y productiva. Será preciso asegurarse de no dejar a nadie atrás y consultar con empresarios y ciudadanía de la economía popular quiénes los representan. Sólo de esa manera se asegurará un cambio sustancial y apoyo efectivo para la economía popular.
🔹Nuevos instrumentos financieros y asistencia técnica para la economía popular.
El articulado también le da un mandato al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para crear instrumentos financieros y asistencia técnica para la economía popular. De esta forma se espera generar garantías para deudores, créditos blandos, tasas compensadas incentivos al buen pago, y en general reglamentación y acciones que faciliten la inclusión financiera de la economía popular. Este es un mandato de mayor atención para la economía popular, sin embargo, llama la atención que la gestión de la articulación no se realice desde el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
El proyecto de ley también le da la responsabilidad al Departamento Nacional de Estadística – DANE de mejorar las estadísticas y medición de la economía popular y destaca la importancia de incluir actividades específicas para el sector en los programas de promoción y transformación digital.
Por último, el artículo 82 del proyecto de ley del Plan propone puntajes adicionales para que la economía popular participe en compras públicas, y propone la posibilidad de que el sector público pueda contratar directamente en modalidad de Asociaciones Público- Populares a unidades de la economía popular. Esta última propuesta, debe necesariamente ser discutida a profundidad en el Congreso de la República, pues si bien muestra una buena intención de inclusión de un grupo vulnerable en el mercado de contratación pública, la implementación puede terminar siendo un foco de corrupción y de adjudicación de contratos a aquellos amigos de los gobernantes de turno.
🔹Retos y riesgos para asegurar la gobernanza o la representatividad de la economía popular
En síntesis, el PND 2022 – 2026 presenta con mayor enfoque interesantes propuestas, unas de ellas que representan retos para asegurar la gobernanza o la representatividad de la economía popular, y una de ellas es riesgosa en términos de transparencia del gasto público.
Nota 1: El ejercicio de gobernanza y el análisis de los representantes de la economía popular puede dar como resultado una gran lista de voceros, todos de igual importancia dependiendo de su sector.
Nota 2: Falta una mayor definición de cómo las políticas llevarán a la economía popular hacia una ruta de crecimiento y de formalización, éste siendo un objetivo último de política.
Nota 3: Según el DANE la Incidencia de informalidad empresarial multidimensional fue 89.9% en 2021, 89.6% en 2020, y 88.8% en 2019. Universo de estudio: Micronegocios.(Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial – IMIE, DANE, Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/estadisticas-experimentales, (06/02/2023))
*Alexandra Díaz Montenegro. Economista de la Universidad de los Andes con Maestría en Economía Internacional y Negocios de la Universidad Erasmus de Rotterdam
