Por: José Guillermo Claros Penna*
Es la economía la ciencia social que estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos administran recursos que son escasos para satisfacer necesidades humanas que son ilimitadas ; y en ella, normalmente, distinguimos entre diagnóstico, opciones de política y capacidad de implementarlas. Entre nosotros, lo que lamentable y desafortunadamente es, ha sido y ojalá no sea más, no hemos avanzado lo suficiente en lo primero, discutido adecuadamente lo segundo y fallado reiteradamente en lo tercero; y no es porque falten informes, propuestas o buenas intenciones, ni porque los problemas sean enteramente novedosos, sino porque la mayor dificultad está en que las decisiones importantes duran poco, se anuncian con entusiasmo, se discuten con pasión y se diluyen en la siguiente coyuntura, próximo conflicto o cambio de autoridades, lo que lleva al traste informes, propuestas y buenas intenciones.
Tal fragilidad tiene un costo que no siempre vemos ni observamos y cada día indefinición regulatoria, reforma que se posterga y señal contradictoria que se envía tiene efectos sobre la inversión, el empleo y la confianza. Y cuidado, por cuanto no son abstracciones técnicas, sino decisiones de empresas que se frenan, familias que se endeudan y jóvenes que empiezan a mirar otros destinos, lo que no da margen para pasarnos la vida ensayando, y menos cuando el implacable tiempo, que en los libros aparece como una variable secundaria, es a la postre nuestro recurso más escaso.
Es evidente que mientras discutimos si una medida responde a una u otra etiqueta ideológica, otros países ya probaron caminos, corrigieron errores y, sobre todo, sostuvieron decisiones durante varios gobiernos, lección y ejemplo que conviene mirar con menos prejuicio y más serenidad, ya que unas reformas que funcionan no son necesariamente perfectas, otras tienen costos, muchas requirieron ajustes o enfrentaron resistencias comprensibles; pero tuvieron el atributo decisivo de que alguien las defendió como merecían cuando estuvieron a punto de ser desmontadas.
Y ese alguien no necesariamente fue siempre el gobierno de turno, sino muchas veces y en varios casos fueron instituciones, técnicos, empresarios, académicos y ciudadanos que comprendieron que una política pública no se sostiene sólo por haber sido aprobada, sino porque existe una coalición dispuesta a preservarla, ya que una reforma no vive por la firma que la crea, sino por la sociedad que la cuida; constatación particularmente relevante para el sector privado, ya que en países como el nuestro, las empresas no pueden limitarse a esperar que la estabilidad aparezca por generación espontánea y si desean reglas previsibles, inversión sostenida y un entorno más razonable para producir, también deben participar en la construcción de esa continuidad, no como sustitutos del Estado, sino como actores responsables de una agenda de largo plazo, lo que es y será siempre clave.
Hace ello que muchas veces ciertas reformas funcionen y que sigan vigentes cuando cambian las circunstancias políticas, puesto que no se trata de importar recetas, ni de copiar mecánicamente experiencias ajenas, sino de escuchar a quienes estuvieron cerca de esos procesos, comprender sus aciertos y errores, y extraer las lecciones que puedan servirnos. Es confirmar lo que ya creemos, contrastar ideas con experiencia, evidencia, sentido práctico y asumir una responsabilidad más activa en la construcción de respuestas que puedan sostenerse en el tiempo. No se necesita descubrir de nuevo la rueda, sino aprender a conducirla sin desarmarla en cada obstáculo.
*Profesional en Ciencias Militares. Administrador de Empresas. Abogado. Master en Derecho Público. Candidato a Doctor en Derecho. Columnista
