Por: Rafael Robles Solano*
Vivimos en un país en el que, desde hace decenios, o mejor, diría qué desde tiempos inmemoriales, padecemos el flagelo de la corrupción, deplorablemente extendida hoy por todos los estamentos y niveles públicos, como en los privados de la sociedad en la que subsistimos.
En consecuencia, asistimos casi impávidos, como espectadores inocentes de un evento circense, en el que casi diariamente se conocen denuncias sobre actuaciones indebidas, cuando no ilícitas, cometidas por funcionarios estatales, regionales y por empleados al servicio de contratistas, quienes se confabulan mediante sus contactos, amistades y conexiones profesionales, para buscar la elaboración y el diseño de las mejores condiciones específicas de los términos de referencia de los contratos, mediante sofisticadas formas encaminadas a la participación legítima y privilegia en licitaciones o en su defecto, para que en las mismas, no exista competencia alguna que los perturbe o los ponga en riesgos los trámites de los procesos de adjudicación contractual.
Quienes trabajan en estos escenarios, saben muy bien a que aludo con los planteamientos hasta acá expresados. Sin embargo, para todos, toca someterse a ellas porque estas son las reglas de juego vigentes, pero que se monopolizan desde el más alto poder.
Siguiendo con lo expuesto hasta acá, me permito recoger y analizar como ejemplo de las manipulaciones empresariales, alcance de las denuncias del alcalde de Medellín, en el debate ante el Senado de la semana pasada, en la que se pronunció sobre la defensa y protección patrimonial de lo público sobre: los problemas del presunto desfalco que por 20 años, han sometido a la ciudad con el robo de más de 20 billones de pesos, en los negocios de Hidroituango, Orbitel, Antofagasta, etc., en el que las E.P.M., tiene invertidos 2,5 billones con el operador de telefonía celular de TIGO y UNE, y que ahora pretenden descapitalizarla, bajando la participación de EPM, al 2%, cuando en la actualidad es del 50%, más una acción.
Rechazando que sean los privados quienes tomen esa clase de decisiones, cuando la empresa mayoritariamente es pública y en consecuencia, propone alternativas serias y protectoras del patrimonio público, tales como que sea MILLICOM quien capitalice a la compañía, o que si en realidad las acciones son tan bajas, por el mal manejo de la administración, entonces permitan que la ciudad las adquiera. Pero que no los atropellen como si EPM, fuera el socio bobo, que no hace nada para proteger el patrimonio público invertido en Tigo-Une. Y concluyó sus argumentos poniendo de manifiesto a quienes son los interesados en beneficiarse con esta clase de truculentas negociaciones mediante la liquidación entre EPM y MILLICOM.
Bajo esta óptica, termina uno sospechando que existen de por medio alianzas conspirativas entre los dueños del poder, para copar el control de los grandes y más rentables negocios estatales, en la que ellos, resultan involucrados con sus vínculos societarios, en los que participan directamente o a través de sus hijos, esposas y demás familiares.
Estas formas de control en los negocios estatales hacen tránsito a tácticas refinadas en el ejercicio y explotación abusiva del poderío del que disponen a sus anchas. Pero que, en la cruda realidad, son parte de las astutas vestimentas de control y dominio, con las que encubren los negocios corruptos del que se lucran, agudizando los niveles de inequidad que proliferan a lo largo y ancho del país. Propuestas como las citadas, hacen parte de los procesos de cambio que intenta promover el gobierno de Petro, para propiciar en Colombia el acceso a una justicia social que aquellos rebaten, porque luchar contra la desigualdad generalizada y reducir la pobreza, afecta sus exclusivos privilegios.
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
