Por: Carlos Flórez Sarmiento*

En materia de seguridad vamos de mal en peor, nadie lo duda y menos frente a la contundencia de las escandalosas cifras. Nuestro gobierno renunció a la política de drogas, con el argumento baladí que era un rotundo fracaso, Mientras tanto, la inseguridad viene avanzando a pasos agigantados. La ganancia generada por la coca financia a los grupos ilegales. Las masacres se incrementan exponencialmente y los líderes sociales asesinados alcanzan más de cien 100 casos, el secuestro redondea los 150 sucesos y la extorsión se ha vuelto un pago obligado aún para los comerciantes y campesinos más pobres con cerca de 6000 eventos en el país. Bogotá, por su parte, sufre todas y cada una de estas atrocidades de violencia e inseguridad.

Los cultivos ilícitos en el país se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, lo que evidencia que la coca está en zonas de fácil siembra, fronterizas y sobre todo de sencilla movilización hacia otros mercados. Amén de lo cual, el gobierno no ataca a los campesinos cultivadores romantizando la idea absurda que la coca los enriquece, lo que no es cierto, y razones sobran, ya que ninguno de los municipios cocaleros ha salido de la pobreza y por el contrario, se hunden en la violencia y la miseria. A la par que tieien que enfrentar más amenazas y más homicidios que otros municipios. Además la presencia de los grupos armados ilegales es cada vez mayor en ello. Pero el asunto allí no para, debido a que todas y cada una de dichas barbaridades se extienden por toda la geografía patria, siendo Bogotá recipiendaria en importante número de tales comportamientos.

No se conoce aún la política antidrogas del Gobierno, no se ha querido entender que es ella una de las principales causas de la inseguridad, además equivocadamente han derivado los recursos y la estrategia de las fuerzas hacia la interdicción dejando atrás otros temas.

El panorama de seguridad no es alentador, y no solo por el crecimiento de los cultivos de coca, sino por la política terriblemente inapropiada sobre nuestras fuerzas armadas; y además, que la inteligencia de las fuerzas no se está usando para propósitos de seguridad nacional, siendo además la cual, a juzgar por los resultados, un remedo de lo que la inteligencia de Estado debería ser. Igualmente, estamos asistiendo a una política de brazos caídos, con una Fuerza Pública desmoralizada, desmotivada, maniatada, asustada, donde los comandantes no tienen contacto con las instancias superiores del Ministerio de la Defensa.

Horizonte y porvenir se opacan sin duda. Cultivos de coca en aumento. Procesos de negociación con todos los grupos criminales. Fuerza Pública sin posibilidad de acción. Programas del gobierno para fomentar la criminalidad como “jóvenes en paz”, “gestores de paz” y liberación de criminales, no presagian nada bueno. Vienen años de angustia. Parecería que estamos volviendo a épocas de cruentos sucesos. Colombia, sus regiones, departamentos, ciudades, municipios y sus gentes no merecen volver a un pasado de sangre derramada.

*Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Magister en Seguridad. Ex Edil de Usaquén. Candidato al Concejo de Bogotá