Por:  Enrique Herrera Araújo

Los resultados han sido muy escasos y el debate de éstos días es tan simplista como electorero.  Pero hay cambios concretos y factibles, como los cinco que aquí se recomiendan, para lograr las metas previstas desde un comienzo.

POCOS RESULTADOS, EVASIVAS Y POLARIZACION

Según datos de la Fundación Forjando Futuros algo anda muy mal en el proceso de restitución de tierra en Colombia:

  • Después de 5 años sólo un 3.4 por ciento de las 87.000 solicitudes de restitución han sido resueltas por la vía judicial.
  • Los jueces han emitido 1.300 sentencias con más de 25 mil órdenes a 55 entidades; paradójicamente la entidad que menos las ha cumplido es el Ministerio de Agricultura.
  • El 76 por ciento de los predios restituidos son de menos de 10 hectáreas y un 20 por ciento está entre 10 y 50 hectáreas.  Es decir, estamos hablando de pequeños fundos, o donde la disputa se da, generalmente, entre un pequeño propietario y otro pequeño propietario.
  • Han sido asesinados 72 reclamantes de tierras, lo que hace pensar que la política de restitución revictimiza al campesino y lo deja desprotegido en el campo, donde no hay Estado.

Ante lo anterior, el gobierno nacional ha adoptado la estrategia del avestruz para ignorar la realidad.  Pero no le ha ido bien con ese tipo de maniobras, como tampoco le fue bien cuando dijo que el “tal paro agrario no existe”, ni cuando reaccionó tarde, después de que en las manos le explotaran situaciones como el paro camionero o el judicial, entre otros.

Cuando es objeto de críticas, el gobierno responde atacando a sus enemigos en lugar de tratar de encontrar el porqué de los pésimos resultados de la Ley 1448 de 2011, planeada para diez años.  El fanatismo ideológico se tomó a los detractores y defensores, y lo que hoy se percibe es un diálogo de sordos en trincheras guerreristas.  Esto no ayuda para nada.  Tanto los defensores como los opositores acérrimos entierran sus cabezas en la arena para desconectarse de la realidad.  Mientras tanto, la campaña electoral que está empezando tomó a ésta Ley como protagonista, pero no sólo en el debate público en universidades, foros y medios de comunicación, sino en la movilización ciudadana en el terreno:  en San Alberto, departamento del Cesar, y en San Angel, departamento del Magdalena.  Este tipo de reacciones son bienvenidas porque reflejan otras verdades, muestran realidades y desnudan deficiencias.

UNA LEY MAL DISEÑADA

En todo caso, los resultados no son buenos.  Y cuando se escarba más hondo, se encuentra que son peores.  Por ejemplo si el instrumento de medida de efectividad no es el número de sentencias o de reclamaciones y registros sino el número de reclamantes que han retomado y se han asentado en sus predios, los datos son totalmente desestimulantes, casi catastróficos.  Pero es en este punto donde realmente se mide el impacto de la política:  en el terreno y en la realidad objetiva de las víctimas a quienes debe cumplírseles.

POR ESO ES HORA DE HACER AJUSTES

Ya lo había dicho y lo repito ahora:  esta es una Ley de buenos propósitos que está fracasando porque fue elaborada en una burbuja, aislada de la realidad rural, alejada de la violencia territorial, escrita desde las oficinas bogotanas por académicos sin ninguna experiencia en la gestión pública y diseñada bajo la idea errónea de que los problemas de tierras rurales son fáciles de resolver.

Los problemas de la Ley están ahí desde su creación y por lo mismo se requiere de una completa revisión.  Por ejemplo esta Ley parte del supuesto de que el desplazado quiere retomar el campo, pero distintos estudios indican que esto no es del todo cierto.  Para colmo, el gobierno está llevando a cabo algunas políticas o programas que incentivan el no retorno, como los subsidios en las ciudades.

LA MICROFOCALIZACION

Los arreglos son urgentes, y el primero de ellos podría ser eliminar el gota a gota de la llamada “microfocalización”.

La Ley señaló que la restitución se realizará en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la magnitud histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno, por esto ordenó dos pasos previos:

  • La macrofocalización, consistente en que el Consejo de Seguridad Nacional defina un área de mayor extensión (departamentos), para tramitar en ella el estudio de las solicitudes de restitución.
  • La microfocalización es decir, la definición de áreas de menor extensión, por ejemplo, municipios, corregimientos, veredas o inclusive predios donde se determina que es viable adelantar el registro del predio y la restitución.

Las etapas macro y micro definen cuales son las zonas donde se restituirán los predios.  Por fuera de ellas no hay restitución posible.  Pero entre la macro y la microfocalización se ha creado un dique de contención tan grande que para el 31 de marzo de 2015 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 75.122 solicitudes, de las cuales el 63.14 por ciento ha estado represando por  falta de microfocalización.  Sin este paso, el proceso se estanca.

Por eso la Sentencia T-679 de la Corte Constitucional del 3 de noviembre de 2015, dijo que la aplicación gradual y progresiva de una política no puede ser excusa para la inactividad del Estado y que “la petición de la víctima no puede quedar suspendida irrazonablemente en el tiempo, pues esa microfocalización es, de alguna manera, condición indispensable para que la persona acuda ante los jueces a reclamar sus tierras”.

La microfocalización se ha convertido en un muro que es preciso derribar si se quieren mejorar los resultados de la Ley – y mucho más durante el posconflicto, cuando habrían de aplicarse criterios adicionales de seguridad para  preservar la pacificación del respectivo territorio -.  De todas maneras,, la microfocalización no implica necesariamente que la zona en la que se da sea segura o no presente casos de violencia.  Si asi fuera, no se hubieran dado tantos asesinatos a reclamantes de tierra en áreas microfocalizadas.

MAS AJUSTES

Otro ajuste necesario es garantizar la defensa y los derechos del ocupante actual, que en la cadena de compraventa del predio puede ser el segundo, tercero o quinto.  Esta situación está dando pie a la protesta social en los departamento de Cesar y Magdalena y es probable que en otros lugares del país se den los mismos problemas.

Una tercera reforma sería que cuando no haya oposición a la restitución, esta se haga por vía administrativa.  Lo mismo debe ocurrir cuando se trate de predios abandonados.  Inclusive se puede analizar si el proceso mixto que combina una etapa administrativa (que hace la Unidad de Restitución) con una judicial (que realizan los jueces) deja de serlo y se unifica.  Un cuarto cambio puede ser que cuando el reclamante no quiera retornar al predio adjudicado por el Gobierno, lo manifieste en la reclamación y el Estado, por vía administrativa, lo compense con un bono condicionado que sirva, por ejemplo, para el pago de crédito de vivienda, con un capital semilla para un proyecto de emprendimiento productivo, o con dinero para estudios universitarios.

No es aceptable que el Estado se gaste más en la burocracia y sostenimiento de las instituciones de restitución que en los predios restituidos.  El año anterior se habían gastado 837 mil millones de pesos en el proceso de restitución, mientras que los predios restituidos valían 263 mil millones.  Más barato que tramitar el proceso de restitución hubiera sido comprar los predios y adjudicarlos.

Un quinto arreglo es cambiar el enfoque de tierras porque ahí no está el problema.  La tierra ya no vale por si misma sino por lo que está encima de ella, el riego, las plantaciones, la infraestructura, etc.  El asunto no es restituir las tierras sino que en ellas se desarrollen actividades agrícolas rentables que hagan parte de un modelo de negocio sostenible y agreguen valor para el mercado.  En cualquier caso, las cosas no pueden seguir como van.

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