Por: Rafael Robles Solano*
Las inesperadas sanciones impuestas el pasado 10 de agosto, en contra del Grupo AVAL y su filial CORFICOLOMBIANA (Corporación Financiera Colombiana S. A.), tomadas por las autoridades norteamericanas a través de la Securities and Exchange Commissión – SEC (Comisión de Valores), de Estados Unidos, por estos infringir las leyes contra prácticas corruptas, obligaron a la Fiscalía a tener que desengavetar sus investigaciones por el caso ODEBRECHT S. A., por denuncias recibidas desde el año 2017, que buscan determinar sus responsabilidades por actos de sobornos y corrupción de la multinacional brasileña, en consideración a que se les tornó imposible seguir dilatando el resultado de las mismas, situación que de paso, deja en evidencia como en nuestro país, los poderosos tienen los recursos para conseguir que las mismas, no tengan los resultados que corresponden a la magnitud de los acciones delictuosas cometidas. Sin embargo, tuvieron ellos, la desfachatez de expedir un comunicado a la opinión pública, negando que Estados Unidos, les haya impuesto cargos en su contra por la adjudicación del proyecto Ruta del Sol II.
Para entender y desglosar mejor los antecedentes y la realidad de estas sanciones y multas en dinero, que al parecer superan los 80 millones de dólares, se tiene información veraz de parte de la fiscal adscrita al Departamento de Justicia de EEUU, señalando que CORFICOLOMBIANA y el Grupo AVAL, recibieron sobornos de ODEBRECHT, por más de 20 millones de dólares a través de una filial bancaria de la compañía, para pagar coimas a uncionarios del gobierno colombiano, en los poderes ejecutivo y legislativo, por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato Ruta del Sol II.
Como ya mencioné, en nuestro país existían denuncias ante la Fiscalía, que datan del año 2017, y, además, la SUPERTINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC, profirió a 28 de diciembre de 2020, una sanción pecuniaria en contra de La CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.; ODEBRECHT PARTICIPACOES INVESTIMENTOS S.A.; CORFICOLOMBIANA; ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. (EPISOL); CONCESIONARIA
RUTA DEL SOL S.A.S. (En liquidación); y los siguientes particulares implicados: GABRIEL IGNACIO GARCIA MORALES, LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR, LUIZ ANTONIO MAMERI, YESID AROCHA ALARCON y JOSÉ ELIAS MELO ACOSTA, a quien pretenden dejar como chivo expiatorio, por idear, ejecutar sistemas restrictivos de la libre competencia y formalizar acuerdos anticompetitivos, en el Contrato de Concesión No.001 de 2010.
Con las explicaciones reseñadas hasta acá, podemos entrar a analizar, valorar y apreciar las orientaciones y alcance de las manipulaciones institucionales auspiciadas e implementadas por cuenta de los últimos tres gobiernos, los de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, tendientes a ocultar el ingreso de millones de dólares a sus administraciones, la magnitud de la corrupción de la que éstos fueron cómplices, develando vínculos y aportes de dineros por lo menos para las dos últimas campañas presidenciales, que también deben ser investigadas por las autoridades correspondientes.
Para terminar los presentes análisis comparativos, pese a que algunos de mis contradictores argumentan que poner el espejo retrovisor, es eludir la situación actual con el Presidente en funciones. Entonces, se entiende mejor el porqué de las furiosas campañas promovidas desde la Fiscalía y de los medios de comunicación afectos a las derechas, tratando de hallar nexos directos que vinculen directamente a Gustavo Petro, con el ingreso a su campaña presidencial de dineros ilícitos o por lo menos, acreditar que éste violó los topes de financiación dispuestos por las normas electorales
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmil.com
