Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*

La seguridad pública es la base de numerosas decisiones sobre políticas públicas y leyes, así como de muchas de las decisiones que tomamos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Los juristas la definen como «la protección del público en general. Muchos gobiernos formulan sus políticas sobre esta idea de proteger el bienestar físico de las personas. A menudo se centran en la lucha contra la delincuencia en un esfuerzo por ayudar a los miembros de la comunidad a sentirse seguros. Por otro lado, el psicólogo Abraham Maslow utilizó una definición más amplia de la seguridad en su famoso modelo de «Jerarquía de las necesidades humanas». Decía que una de las necesidades más fundamentales que tenemos es la seguridad. Esto incluye no sólo la seguridad física, sino también la seguridad de nuestra salud, dinero, pertenencias, trabajos y familias. Pro quizá sea más fácil definir la seguridad pública en función de lo que ocurre cuando falta. Imagine cómo sería su día, vida, lugar de trabajo o comunidad sin la seguridad pública. Democracia por su parte, designa a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo.

Pilar fundamental de los regímenes democráticos es sin duda alguna la seguridad pública. Sobre este especial particular nos dice el sociólogo alemán, Max Weber, que, el Estado es el encargado de mantener el orden y el único ente legitimo para ejercer el uso de la fuerza pública; lo que indica que es el Estado el que debe garantizar a la ciudadanía la protección a sus derechos fundamentales. No obstante, preocupa que inseguridad y violencia sean hoy unas de las más fuertes amenazas a las democracias en el mundo. La democracia no es un sistema que se agote con el voto de la ciudadanía el día de la elección; esta forma de gobierno supone también que los ciudadanos puedan vivir en un ambiente seguro, con calidad de vida digna y la garantía de ejercer los derechos a plenitud; siendo necesario para ello, que todos los niveles de gobierno actúen en el ámbito de sus atribuciones y generen las condiciones para lograrlo.

Importa como país que emprendamos las mejores estrategias para combatir la inseguridad, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y por ende, fortalecer su democracia. Medidas estas que tienen que ver con profesionalizar e incrementar las instituciones policiacas y con cambios estructurales al crear fuentes de empleo bien remunerado, acceso a la educación y a la salud, así como fomentar la movilidad social y combatir la desigualdad, lo que fortalece el Estado democrático y el respeto a la legalidad.

La grave situación de inseguridad que vivimos tiene también un impacto en lo político, por lo que necesario e importante es que las autoridades de investigación y de procuración de justicia investiguen y sancionen a los responsables, tanto de los hechos de violencia como de posible desvío de los sagrados recursos públicos. La inseguridad presente en algunas regiones del país atenta contra nuestro sistema democrático, por ello, importa la permanente celebración de reuniones con diferentes dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública, para contribuir a generar un ambiente de paz social, donde la ciudadanía pueda participar de manera libre sin temor a ser víctima de actos violentos. Es exigir que el Estado garantice las condiciones para se puedan adelantar las acciones que fueren sin temor a ser víctimas de un atentado, así como exigir que se generen las condiciones de paz y seguridad para que los votantes acudan a todos los escenarios en un ambiente de tranquilidad.

Gobiernos, instituciones de seguridad pública, partidos políticos; demás autoridades y la sociedad organizada deben trabajar a fondo para combatir escenarios adversos al desarrollo de un Estado de Derecho, debiéndose promover y exigir poder participar libremente, en la certeza que son más los ciudadanos quienes afirman que del uso de la violencia jamás se justifica y son más quienes creen en las garantías y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Son más quienes quieren la paz en el país y están convencidos que seguridad y paz social generan condiciones para que tengamos una mejor sociedad y un mejor país.

*Luis Gilberto Ramírez Calle. General (r) Ponal. Administrador. Asesor y Consultor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo