✍Por: MELANIO ZUÑIGA HERNANDEZ

La nueva reforma tributaria que promueve el gobierno nacional en cabeza del doctor JOSE ANTONIO OCAMPO, ministro de hacienda y crédito público, se ha convertido en un pulso político entre los dirigentes y partidos políticos, empresarios integrados en los diferentes gremios, y en general muchos colombianos de la denomina clase media que han elevado su voz de inconformismo debido a las dimensiones de la carga impositiva que la misma plantea.

Tradicionalmente el empresariado colombiano ha sido un tanto “renuente” al incremento de la carga impositiva, no obstante ser la mas baja de américa latina, y a promover y apoyar iniciativas sociales que contribuyan al mejoramiento de la precaria situación de muchas personas, bajo el argumento que son los mayores aportantes al desarrollo del país a partir de la contribución que hacen con el pago de impuestos; sin embargo, el gran desafío actual es el cambio de paradigma con vistas a una “economía encajada en la sociedad”, por retomar los términos del economista Karl Polanyi.

Hace unos años, hablar de función social de la empresa resultaba extraño, porque sus directivas pensaban que su única obligación para con la sociedad era pagar impuestos y generar empleo. Por ese motivo, al llamado a una participación más estrecha con el desarrollo social, solían responder, como está sucediendo hoy: esa es una tarea que le compete al Estado, pues para eso pagamos cumplidamente nuestras obligaciones tributarias y remuneramos bien a nuestros trabajadores.

Desde luego, las empresas no son “agencias de desarrollo” y no tienen que substituir al poder público al que pagan sus impuestos que se supone deben ser destinados también al desarrollo local. Pero es forzoso reconocer que las empresas están insertas en “sociedades complejas” y sus actividades tienen consecuencias directas en el tejido socioeconómico, incluso en el ámbito cultural y político.

A pesar de ello, industrias como las extractivas se encuentran a menudo implantadas en regiones, de tal suerte que los grupos empresariales que invierten en la explotación y la producción de bienes y servicios ven facilitada su negativa a asumir una parte de responsabilidad con respecto a las consecuencias de sus actividades lesivas; cuando es claro que el beneficio obtenido debe ser considerado como un medio necesario y no como el objetivo final de la empresa; lo que supone dar una especial atención al “valor social” creado por la presencia de la empresa, al tiempo que exige una reflexión ética y política acerca de la justa distribución de la riqueza generada gracias a la actividad empresarial.

Frente a las inquietudes de los empresarios por la reforma tributaria y las cargas impositivas planeadas y su reiterados argumentos de la baja productividad, para nadie es un secreto que la pandemia dejó consecuencias económicas nefastas; a pesar de lo cual y según el DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un 10,6 % en 2021 en comparación con 2020, cuando la economía del país sufrió una caída del 7,0 % en medio de la crisis por la pandemia.

Surge entonces la inquietud frente a la responsabilidad social empresarial, que hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que era únicamente la de generar utilidades, concepción que no es suficiente ni aceptable, en el entendido que además de generar utilidades para sus accionistas, las empresas deben tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o negativamente, la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus operaciones.

A partir de lo anterior, un número creciente de empresas perciben que la responsabilidad social es un tema que no está restringido solamente a las acciones sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la comunidad, sino que implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos relacionados con la empresa; concepto que desde hace tiempo vienen siendo incorporado a sus procesos de gestión y, por lo tanto, pasa a formar parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación interna.

🔹Nueva visión de la responsabilidad social empresarial

Como consecuencia se tiene que la nueva visión de la responsabilidad social ya no se refiere a la filantropía o al asistencialismo. El concepto ha evolucionado porque es dinámico y responde a las transformaciones del mundo. Por ello, ahora es parte integral de las estrategias corporativas y surge de la compresión integral del significado de los derechos. Es fundamental entender que las personas tienen derecho a la educación, a la salud, a una vida digna, etc.

Bajo esa perspectiva en el seno de las grandes empresas colombianas, el sector financiero y de servicios se organizan grupos de reflexión sobre el desarrollo que utilizan los trabajos de economistas como el concepto de “capacidad” de Amartya Sen. Tal es así que algunos proyectos comenzaron a trabajar juntamente con algunas ONG y con agencias de desarrollo, para promover proyectos de desarrollo participativo en los que las poblaciones locales puedan desarrollar sus capacidades individuales y colectivas, y lograr así colocarse en situación de encarar su futuro, en lugar de mantener relaciones paternalistas y clientelistas con las comunidades que se encuentran en los alrededores de sus instalaciones.

A pesar de lo anterior y el favorable crecimiento de la economía y las importantes utilidades de sectores como el financiero, no se evidencia claramente una postura clara y contributiva frente a la aguda crisis y pobreza que afecta a vastos sectores de la población colombiana, sabiendo las limitaciones de ingresos del Estado para atenderla; por el contrario, proponen algunos gremios que se mantenga el impuesto de renta, que es el que más les aqueja, sobre todo a las MiPymes, diferenciado dentro de las mismas, y que se descuente el 50% del impuesto pagado por ICA o que estas tengan un impuesto de renta del 20%, y que para las medianas empresas sea del 25%. Se debe tener en cuenta que todas las personas jurídicas y sociedad deben declarar un impuesto de renta del 35%.

No podemos perder de vista que frente a la crisis nacional e internacional que golpea por igual a todos los colombianos, pero de manera puntual a los sectores de población menos favorecidos, las empresas tienen la responsabilidad de actuar en forma consecuente, ayudando a la construcción de un entorno que cree capital social y les haga posible cumplir con su principal misión, que es la de crear riqueza. Deben aportar al reconocimiento del país frente a la comunidad internacional y a legitimar la función del sector empresarial. Igualmente deben contribuir a que aquellos microempresarios que tienen mayores dificultades para insertarse en la economía de mercado puedan hacerlo y a que los beneficios que se logren de la nueva dinámica se democraticen.

A manera de motivación para el sector empresarial el enfoque que plantea y debe tener la idea, sin perder de vista el carácter de generador de riquezas, el apoyo de la política social, las dimensiones patrimoniales, demográficas, étnicas y de género que tiene la desigualdad en las actuales condiciones del país, y los retos que plantea, el desarrollo integral impulsado por el gobierno requiere del apoyo por parte del empresariado, soportado en dos puntales fundamentales, dos llaves maestras: la educación y el empleo; de tal manera  que permitan incidir simultáneamente en la equidad, el desarrollo y la ciudadanía, lo que exige de máxima prioridad en la política social y en la asignación de recursos que deben ser orientados hacia una mayor continuidad dentro del sistema educativo, y la adopción de medidas que permitan mejorar sus logros en sectores pobres priorizados, desde el punto de vista de la equidad social.

Finalmente, y dada la importancia que tienen las zonas rurales, es preciso recordar que las estadísticas son concluyentes en el país y muestran las diferencias importantes entre logros educativos y desarrollo por corte del entorno rural y urbano, que revelan la desfavorable situación de sus habitantes; por consiguiente, es importante y necesario que las políticas de asignación de tierras e incremento de la producción agropecuaria del gobierno nacional sean acompañadas por el empresariado, y que apunten a una estrategia que le dé prioridad a este tipo de zonas.