Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*
Las consecuencias de la inseguridad la pagamos todos, de ahí que preocuparnos y ocuparnos para que lo cuál no sea, debe ser tarea de todos los ciudadanos y comunidad en general. Es claro que, a mayor inseguridad en las calles y conflictos de convivencia, somos irremediablemente los ciudadanos quienes pagamos de distintas maneras. Los agentes del orden se guardan de intervenir en muchas ocasiones por falta de garantías judiciales y por saber, no que pueden, sino que van a tener problemas, lo que es a todas luces absurdo.
No se defiende, dadas tales aberraciones, como corresponder debiera al papel que desempeñan respecto de la seguridad ciudadana, los cuerpos y Fuerza Pública del Estado. Los manifestantes, vandalizados cada vez más, arremeten de manera contundente con todo tipo de objetos contra ellos, destruyen sin piedad y furia desbordada los elementos urbanos, ejercer violencia desmedida la más de las veces, pero cuidado y reciben respuesta por parte de los agentes antimotines, como si lo que los manifestantes lanzaran son caricias y los policías bien gracias, a aplaudir sus generosas acciones y muestras de simpatía.
Si hablamos de delincuencia, los manifestantes están en su derecho a manifestarse, mientras desprotegidos ante los ataques quedan los agentes. Es categórico lo que les sucede día con día a los servidores públicos del orden y la legalidad, y no se puede trasladar a la sociedad que los policías son los malos, ni registrar sólo las imágenes en las que la policía responde, sin haber realizado tomas de la inusitada violencia que siempre emplean los manifestantes, más si hay grupos especiales.
Muchos medios y colectivos de conocidas tendencias hacen de ello un despropósito gigantesco, que los mantiene contentos y felices al sentirse protegidos por ellos y con la fuerza suficiente como para dictar sentencias condenatorias del lado de los buenos y absolutorias del lado de los malos y peores. Los uniformados se juegan mucho, se la juegan toda en defensa de los intereses de la sociedad y es desestimada su labor. Ojalá y para bien de todos paren estos despropósitos o seremos un país invivible. No ayudan los medios, pendientes más de mostrar espectáculo, comparando a violentos y policías, lo que requiere de serias reflexiones.
Cómo enfrentar entonces el flagelo de la inseguridad en contra de la sociedad, cuando es evidente que la inseguridad ciudadana genera mayores costos que rara vez se perciben, y en los que están de acuerdo los expertos en esta vital y determinante asignatura, como es la disminución de la productividad de individuos y empresas por incremento de costos en protección, seguros, servicios legales y gastos médicos, efectos que suelen extenderse un tiempo después de recuperado un nivel aceptable de seguridad. Pérdida de inversiones que genera la inseguridad física, usualmente acompañada por débil certeza jurídica, lleva a los inversionistas a buscar mercados más seguros aun cuando estos sean porcentualmente menos rentables. Disminución de la recaudación tributaria como consecuencia de la menor productividad y la pérdida de inversiones. Caída de ingresos privados y públicos derivados del turismo y actividades conexas. Pérdida de capital humano, que acaba emigrando a territorios con mayor seguridad.
La inseguridad, tengámoslo en cuenta, produce un círculo vicioso; esto es, a más delincuencia, menos inversión y menos empleo. Lo que expone a más personas a caer en actividades delictivas. La causa última no está en la pobreza, como se ha enseñado, ni en la riqueza, como hoy con tergiversación se enseña. En muchas partes ha disminuido la pobreza y crecido la clase media, y sin embargo, la inseguridad aumenta.
La causa última está en la predisposición de algunas personas hacia el mal. Sin embargo, para que esta predisposición se controle en mayor grado debe haber más respeto a la ley. Combatir a fondo el narcotráfico, actividad creadora de sinergias con otras actividades delincuenciales. Frenar la proliferación de pandillas. Controlar el microtráfico. Velar por que no haya corrupción por parte de los operadores de Justicia y se frene el crecimiento urbano y se controle igualmente el fácil acceso a armas, a lo que sumarse debe con decisión manifiesta e indispensable la voluntad política a todos los niveles para enfrentar el problema.
* General (r) Ponal. Administrador. Consultor Asesor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo.
