Por: Jesús Alberto Angulo Perea*
A la par que Europa avanza en ruta a controlar las nuevas herramientas cibernética y USA, de la mano con los desarrolladores hacen lo propio camino a sentar las bases para establecer las primeras acciones de autorregulación, nuestro país sigue rezagado y con muchos vacíos legales en relación con la reglamentación de las tecnologías de la información. En el orden internacional se tratan temas con especialistas en estas asignaturas de desarrollo de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial, al tiempo que se busca que modelos fundacionales como el Chat GPT sean regulados, ya que estas herramientas pueden difamar o defraudar con información e imágenes falsas.
Es establecer mecanismos de transparencia, que permitan el buen uso de estas tecnologías, sin tener que limitar su desarrollo. Una de las preocupaciones es que los algoritmos deben limitar el reconocimiento de emociones, en entornos educativos y sociales. Los sistemas biométricos en tiempo real no han quedado completamente prohibidos, ya que las autoridades han defendido el poder usar estas bases de datos compartidos para identificar criminales. Si bien los reconocimientos fáciles se pretenden limitar, hay otros patrones que pueden identificar por actitudes o movimientos a una persona, y es aquí en donde se han dejado vacíos legales, que permiten su uso para acciones mercadológicas; pero también pueden dar un mal uso para influir negativamente en determinadas acciones.
Itero, en el país existen vacíos legales que se acentúan, lo que no es de recibo, toda vez que ante el desarrollo de nuevas tecnologías, y de herramientas que facilitan la investigación y gestión de información, importa fortalecer funciones, promover consultas y una legislación que establezca mejores condiciones para el desarrollo ordenado de estas tecnologías; de ahí que sea importante el análisis sobre regular el ecosistema digital, que debe reconocer la necesidad de responsabilizar a estas plataformas por acciones u omisiones. Vivimos una época signada por una sociedad globalizada y avances tecnológicos veloces, lo mismo que asistimos a la consolidación de nuevos derechos fundamentales y la instauración de obligaciones innovadoras para las plataformas digitales, lo que obliga la necesidad de diseñar una propuesta regulatoria que delimite adecuadamente la gestión de los espacios digitales, abordando los retos que la era de la información expone.
Las plataformas digitales, surgidas como intermediarias de contenido, han trascendido dicho papel y realizan igualmente actividades como edición y priorización de contenidos, además de desempeñar un papel tanto crucial y activo en la moderación y gestión de la información publicada por sus usuarios, cambio que permite que estas plataformas influyan significativamente en cómo se crea, distribuye y consume el contenido, teniendo un impacto directo en la opinión pública, cultura y política; vale decir, la gestión privada sin consecuencias jurídicas de nuestras publicaciones y datos personales.
Se caracteriza este nuevo escenario digital por su naturaleza transnacional, lo que plantea desafíos complejos para las jurisdicciones nacionales tradicionales, puesto que operan más allá de las fronteras, lo que complica la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales, lo que genera preguntas críticas sobre cómo los gobiernos pueden afirmar su autoridad y hacer cumplir sus leyes., además de promover impactos en las decisiones nacionales en el espacio digital, lo que entre nosotros se traduce en la necesidad de regular estas plataformas para proteger los intereses nacionales y los derechos de los ciudadanos.
Dicha regulación debe reconocer la necesidad de responsabilizar a estas plataformas por sus acciones u omisiones. La clave está en desarrollar un marco normativo que sea eficaz a nivel local, pero que también esté en consonancia con los estándares internacionales, siendo importante asegurar que este marco refleje la omnipresencia de las plataformas digitales, estableciendo responsabilidades claras y protocolos objetivos.
Igualmente, estas plataformas deben ser conscientes de su influencia en la sociedad, especialmente en lo que respecta a sus mecanismos de monetización, por lo que es fundamental que se responsabilicen por la información que facilitan y la forma en que esta se consume, debiendo estar preparadas para enfrentar y mitigar los efectos negativos de sus operaciones. En este compendio de búsquedas por una regulación digital, importa diseñar políticas que limiten los excesos e incentiven prácticas que fortalezcan una sociedad digital más equitativa y justa que camine hacia la consecución de una gobernanza digital más efectiva y democrática, en lo que la sociedad debe participar activamente en el fortalecimiento y desarrollo continuo de esa regulación en beneficio colectivo.
*Ingeniero de Sistemas. Especializado en Auditoría Forense. Docente Universitario y Empresarial. Conferencista. Asesor y Consultor Forense.
