Por: Silvano Calvo Calvo*

Los planes de desarrollo son una herramienta de gestión que promueven el desarrollo social en un determinado territorio. Sientan las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, que deberían priorizar la articulación instrumental en todos sus niveles y el breviario ciudadano, por lo que no está bien que limite la actuación de los gobiernos locales, evidenciado en instancias que, en la práctica, restringen, re-direccionan o pierden su función y objetivos, por lo que sano fuera que los procesos planificadores deberían partir desde lo local y articularse hacia arriba, modulándose con los niveles departamental, regional y nacional, con lo que se evitarían en mucho resultados poco satisfactorios, al generar, entre otros, pobreza, segregación, depredación y desintegración, que dada la insuficiente participación ciudadana activa tienden a aumentarse; de ahí que comienzo de la planeación debería ser el reconocimiento del territorio como el ámbito espacial en el que interactúan diversas fuerzas e intereses sociales, económicos y políticos el cual es transformado por la sociedad y la institucionalidad, a diferencia del territorio, que es una construcción social que atiende una visión de desarrollo que se impone frente a otras, en el marco de procesos sociopolíticos o impuestas desde afuera o desde arriba, como sostienen expertos en la temática.

Los planes de desarrollo son, como expresamos líneas arriba, los instrumentos por medio de los cuales se gobierna y planifica el desarrollo social, económico y cultural de un territorio. Su elaboración está delimitada por el gobierno nacional, así como por otros instrumentos que siguen un modelo jerárquico y centralista que, en ausencia de una política de planeación, presenta una dependencia de la elección del presidente y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

Caracteriza lo cual, la jerarquización del proceso de elaboración de los planes de desarrollo en el país. Asimismo, la normativa colombiana que orienta el proceso de planeación es contradictoria en cuanto a las competencias de los gobiernos subnacionales, corroborándose el distanciamiento entre el ordenamiento jurídico y la realidad que busca regular. Esta contradicción también afecta a la participación ciudadana, la cual depende de la apertura de los gobernantes para incluir a la sociedad en la gestión pública.

Importaría que el direccionamiento del proceso planificador inicie con una construcción colectiva y, desde lo local, de una agenda ciudadana, articulada de abajo hacia arriba, armonizándose con los estados departamental, regional y nacional. Así, el gobierno nacional, en vez de imponer la agenda subnacional, la coordine con la nacional, al tiempo de acompañar el proceso de planeación mediante una articulación instrumental que garantice el flujo de recursos para el cumplimiento de las metas y demás de los objetivos propuestos.

El desarrollo debe ser elemento central del funcionamiento de las políticas públicas y no una categoría sociológica o económica, sino filosófica y fundamental, en ruta a determinar desde él la realidad social en su conjunto.

*Silvano Calvo Calvo. silvanocalvo@hotmail.com Abogado. Especializado en Derecho Administrativo