Por: José Manuel Herrera Brito
Qué país el nuestro. País que no merece lo que en él acaece. En el que se suceden como si obligación fuera, los más de los atropellos, avasallamientos y arbitrariedades. Donde la justicia está puesta y dispuesta al servicio de los más oscuros intereses. Donde se condena para complacer y por placer, sin importar a quien se arrastre en ello, así no tenga culpa alguna en el hecho que injustamente se le imputa, como es el caso del General Miguel Alfredo Maza Márquez, a quien la ambición, avaricia y codicia de unos y la venalidad de otros lo tienen privado de la libertad, y lo que es peor, condenado por esa justicia injusta que de manera atroz impera entre nosotros.
Repito, condenado por unos hechos en los que nada que ver tiene como demostrado está en todo el acervo probatorio allegado a las instancias correspondientes en el curso del proceso al que perversamente se le vinculó. Es el del General, un caso que llama a la indignación, producto de un sistema judicial plagado de servidores poco, por no decir que nada idóneos, más sí deshonestos, llenos de fallas, preferencias, predilecciones y demás otras venalidades.
Muchas han sido las irregularidades que se han dado en el proceso contra el General Maza, mismas que el país conoce con suficiencia y lo llama a hacerse cruces. Más, cuando es ese mismo país que igualmente conoce de sus calidades, cualidades, heroísmo, virtudes y grandeza. Que sabe a ciencia cierta cómo fue su lucha denodada y de cómo se dio sin cuartel en defensa de los intereses superiores de esta patria irredenta qué a través de servidores inmorales, así le paga a quien mejor le sirve.
Demostrada está, aunque no reconocida por quienes debieran, su inocencia en los hechos injustamente imputados al General, como en todos los demás actos de su trayectoria profesional, en la que brilló con luz propia su diáfano actuar, reconocido nacional e internacionalmente por las más calificadas instituciones universales contra el crimen organizado y demás entidades que luchan contra otras organizaciones de distinto origen y propósito criminal; incluso por expresidentes, uno de los cuales lo condecoró con las más altas distinciones a las que ciudadano alguno pueda aspirar y el Estado otorgar; sin saberse hoy por arte de que sale a proferir infundios, como igual lo ha hecho en el pasado contra el General Maza Márquez.
Le han marcado estás, mezquinas, viles, ruines, innobles e
injustas actuaciones judiciales cicatrices miles, que, si bien no se ven, están tatuadas en lo más íntimo de su ser. Es la suya una condena errada, que merece que los organismos estatales y las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan para subsanarlas se apersonen de lo cual, en la seguridad de concluir en su demostrada inocencia y de paso revertir esa irregular como errada condena, lo que obligar debiera de manera prioritaria a que se revoque y se declare su inocencia.
Hay sin duda una serie de malas prácticas enquistadas en el funcionamiento del Poder Judicial: patrones sistémicos que responden a oscuros intereses que van desde informaciones amañadas hasta como beneficiar a pesos pesados de la política nacional, como en este particular caso. Definitivamente son nuestros jueces sumamente complacientes con este tipo de irregularidades, sobre todo en el otorgamiento desmedido de atenciones.
Como si todo lo cual poco fuera, aparece ahora en el escenario del país, el llamado a versión por las muertes contra integrantes de la Unión Patriótica (UP), por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en enero de 2020 rechazó su acreditación por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán.
