Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*
Se ha dicho por expertos analistas políticos, palabras más, palabras menos, que una ciudadanía participativa, activa, responsable, madura y orgullosa de sus avances democráticos no puede dejarse desequilibrar bajo circunstancia alguna; que la responsabilidad de los gobernantes en su naturaleza, mecanismos y efectos permitirá estimar su esencial carácter para el funcionamiento de un régimen democrático; que los gobernantes cumplen su misión tomando decisiones políticas que se traducen en la adopción de normas jurídicas que tienen por objeto realizar la política que el pueblo les ha encargado ejecutar; y, que el pueblo confía en sus gobernantes y ellos obligados están a responderle.
El ejercicio del poder le corresponde al pueblo que lo confía a los gobernantes para que lo ejerzan en su nombre. Quienes gobiernan son deudores de ese pueblo y lo gobernantes están en condición de ejercer libremente este poder asumiendo sus funciones y las escogencias políticas, bajo la condición de rendir cuenta de sus actos al pueblo, único que goza de la capacidad de apreciar si el poder ejercido está o no conforme con el mandato confiado. Constitucionalmente hablando, gobernar es un acto de responsabilidad que implica tomar decisiones y asumir las consecuencias. La responsabilidad tiene orígenes e implicaciones jurídicas y una fuerte dimensión política, que establece el lazo político entre el pueblo —gobernado y fuente del poder— y los gobernantes, obligados están a responder en esas dos dimensiones. Por consiguiente, si la responsabilidad no es asumida, el propio lazo político resulta roto quedando el equilibrio del régimen frágil, vacilante. La responsabilidad es elemento esencial para el funcionamiento de un régimen que se precie de democrático.
Requiere y necesitará siempre la responsabilidad, un análisis pluridisciplinario de las fuentes jurídicas, políticas y sociológicas, ya que afecta el objeto del contrato social en las restricciones a las libertades, medidas excepcionales de urgencia, legislación delegada y afectación de eventos electorales, con la consiguiente difuminación de la responsabilidad comprometida de los gobernantes. La libertad es valor fundamental de la democracia que, hoy retrocediendo está en la igualdad de derechos y condiciones de su ejercicio, lo que ocurre en la actividad del gobierno como en las relaciones gobernantes / gobernados; de allí democracias autoritarias, jacobinas a ratos o no limitadas. La coartada es la realidad de los hechos, resultando demasiadas coacciones a las libertades públicas del hombre social, que hace pulular conflictos entre la libertad individual y el poder del Estado, que degenera en la aparición de sociedades unánimes de aplauso sincronizado, adulante y vergonzoso.
No podemos olvidar que el Estado es asunto de todos, de interés general, haz de reflexiones y reacciones colectivas que igualmente deben interesar a los más. Es una idea de poder eficaz, protegido y protector, organizado y garante contra los peligros exteriores e interiores que tiene poderes, pero también misiones que cumplir. Protección no puede equivaler a dominación. Es también el Estado un principio ético y un valor espiritual y su cara no debe ser figura arbitraria, porque su poder no es discrecional, sino subordinado a las reglas del derecho, de la descentralización y del control popular ejercido a través de lo electoral y del congreso.
*Rubén Darío Ceballos Jurista. rubenceballos56@gmail.com
