Por: Lourdes Margarita Guerrero Pavajeau*

No soy jurista, por el contrario, soy ignorante, neófita y todos los adjetivos que se puedan derivar de estas palabras, por tanto, el título de esta columna es una pregunta que me gustaría que los conocedores de constitución, leyes, códigos y todo lo judicial, me ayuden a aclarar, cosa que agradeceré. Hace algo más de una semana, el señor Nicolás Petro Burgos, hijo de nuestro presidente, fue imputado por la fiscalía, con el cargo de “lavado de activos”, por haberle recibido dineros al ex narco Samuel Santander Lopesierra.

Mis dudas nacen precisamente de este monosílabo “EX”, que hace referencia a pasado, fue, ya no lo es y, de esta manera, lo encontramos en todos los diarios y noticias, aquí algunos referentes: El día 17 de agosto de 2021, el periódico El Tiempo, tituló: “Queda libre en Estados Unidos, el ex político y ex mafioso Samuel Santander Lopesierra”. Portal Infobae, 31 de julio 2023, “Ex narco Santander Lopesierra, que habría dado dinero …” El país, 3 de agosto, “¿Quién dio la plata? El ex narco Santander Lopesierra”. Vanguardia Liberal, 3 de agosto, “Este es el hombre malboro, un ex narco, que según Nicolas Petro entregó dineros …” (subrayados no son de los textos). Y muchos otros medios, utilizan este calificativo.

Como vemos, el señor Lopesierra fue, en estos momentos no ostenta esta calidad. Tanto es así, que este señor regresó de Estados Unidos, luego de haber pagado una condena de dieciocho años, legalmente, la fiscalía no lo detuvo, no lo imputó, no incautó sus bienes, todo lo contrario, llegó legalizado ya que todos sus problemas judiciales fueron antes del 2003.

Actualmente, el ciudadano Lopesierra no tiene investigación alguna en la Fiscalía, así que reitero mi pregunta, ¿Es delito aceptarle dinero a personas legales? Que fueron, pero hoy no lo son. De ser así, se debe imputar entonces, a los dueños de supermercados en donde merca este señor, las gasolineras en donde tanquea su o sus autos, almacenes de ropa y todos los establecimientos en donde se abastece para su diario vivir, ya que todos estos lugares reciben su dinero.

Adicional, en toda transacción hay dos partes, un emisor y un receptor, si los dineros recibidos tienen la calidad de ilegales, los entregados igual, tienen la misma condición por lo tanto los imputados tienen que ser los dos accionantes, lo que no se ha visto ni escuchado en ningún estrado judicial. Se detuvo al receptor, pero, nada, absolutamente nada para el emisor, éste está tan legal en el país que se inscribió ante la Registraduría del Estado Civil postulándose para la Alcaldía de Maicao y en Colombia no se tiene objeción para este evento, según lo escuchado noticiosamente, se debe pedir certificación, en el país del norte, sobre la condena cumplida.

Se dice que, finalizada una condena, toda persona queda libre, resocializada, saldada su deuda con la sociedad, así que, si el señor ex narco, continúa delinquiendo, por qué no está en la cárcel, esto lo deben determinar las autoridades, pero que sea con todos los actores no solo con uno, esto es lo que llamo “La injusticia de la justicia”.

De otra parte, en cuanto a los dineros recibidos que, según se ha dicho, fueron entregados para un fin, para el padre, y se utilizaron para otro por el hijo, sería, emulando a nuestra ex vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, “una tragedia familiar” que así se debería solucionar.

Insisto, en mi ignorancia, que al hacer transacción con una persona que fue para ya no lo es, que tuvo proceso judicial pero ya no lo tiene, que se le incautaron bienes, pero ya no, que llegó legal al país y vive como un ciudadano normal, avalado por todas las autoridades colombianas, finalizo, como inicie, ¿en dónde está el delito?

*ambalu2003@gmail.com – Publicista. Filósofa. Conferencista. Laureada Poetisa y Narradora colombiana. Docente Universitaria