Por: Rafael Robles Lozano*
Por estos días, asistimos al final de la escena inicial de las circenses actuaciones y exhibiciones diseñadas y orquestadas desde la Fiscalía General de la Nación, en contra de Nicolas Petro Burgos y su ex señora, en busca de seguir defenestrando la legitimidad del Mandatario y las funciones derivadas de su discutida elección presidencial, porque se deduce con estas acciones, que la tradicional, rancia y oligárquica extrema derecha del país, aún no se resigna a soportar impávida el someterse a un advenedizo con ínfulas de estadista y aceptar las propuestas de cambio y justicia social que éste pretende imponer.
Fue notoria la exhibición operacional efectuada por esa entidad, para detener a dicha pareja, así como el despliegue informático de sus audiencias, pretendiendo tratarlo y encausarlo como un delincuente peligroso para la sociedad. Sin embargo, primó la cordura del juez que conoció del caso, quien terminó dejándolos en libertad condicional, sujetos a ciertas restricciones de movilidad y desplazamiento, mientras se surten o allegan las pruebas que dicen, aportarán dentro de su propósito de colaboración con la justicia.
En todas estas actuaciones, conviene distinguir la diferencia de tratos y manejos efectuados por la Fiscalía en casos similares, como aconteció con la citación y audiencias contra Oscar Iván Zuluaga e hijo, éste último en calidad de gerente y tesorero de la campaña a la presidencia de su padre, ellos sí, citados por las denuncias de evidentes ingresos de dineros aportados irregularmente por parte de Odebrecht, los cuales también salpican al expresidente Iván Duque, quien también estuvo con ellos reunidos en Brasil, pero que él dice y sostiene, no haber sabido nada de esas negociaciones.
Es de reprochar no solo por parte de quien esto expone, sino también por cuenta de quienes aprecian y valoran estos hechos, con la objetividad que se requiere, cuestionando la abusiva manipulación e instrumentalización política de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, porque las imputaciones en contra del hijo de Petro, se refieren a los tipos penales de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los que en principio, nada tienen que ver con las pretensiones de la entidad, que busca hallar conexiones directas entre el ingreso de estos dineros, supuestamente de origen ilegal, a la campaña para la presidencia, tal como aconteció en el pasado con Ernesto Samper Pizano.
Así las cosas, resulta vergonzosa la actuación discriminatoria emprendida desde la Fiscalía General de la Nación, intentando capitalizar políticamente la irresponsable conducta de Nicolas Petro y compañía, al exponerlo públicamente como una ficha del engranaje de corrupción que proviene y auspicia el mismo Presidente, para enlodar no solo su campaña, sino intentar colocarlo en una situación que le resta legitimidad a su mandato actual y que además, lo expondría de ser cierto, a las consecuencias penales y administrativas previstas por nuestra legislación para estos casos.
En gracia de discusión, uno esperaría que entidades como la Fiscalía y las autoridades judiciales, fueran así de minuciosas y rápidas para esclarecer y dar resultados efectivos con sus investigaciones, sin embargo, observamos que otras, con la importancia y trascendencia de las que motivan estas líneas, por ejemplo, las de congresistas y magistrados implicados en el sonado caso de las togas; los terrenos de la zona franca de Mosquera, contra los hijos de Álvaro Uribe Vélez; las de Arturo Char, hoy refugiado en E.U.; el robo continuado en Ecopetrol, donde aparecen implicados funcionarios de AUV, Santos, Duque y familiares de Pastrana; los sobornos del caso Odebrecht, patrocinados por Corficolombiana y el Grupo Aval, por prácticas corruptas, investigaciones que por su trascendencia, y en gracia de discusión, también se pueden calificar como parte de los mayores escándalos de la historia reciente de Colombia. O sólo es ¿la del del hijo de Petro?
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
