Por: Rafael Robles Solano*

Este es un tema qué en el presente, pasa desapercibido pero que indudablemente nos debe llamar la atención por cuanto es una de las fuentes de mayor corrupción. Vemos que con el paso de los años silenciosamente se convirtió en una forma usual o cotidiana de alcanzar con la ayuda de personas con poder, influencias y conexiones privadas o públicas, funcionarios, políticos, empresarios, docentes, etc., obtener la intervención necesaria para conseguir cupos en la educación básica, pero especialmente para alcanzar plazas de estudios superiores, en especializaciones o maestrías, de lograr empleos y nombramientos en cargos públicos, ganar contratos, solucionar problemas, agilizar trámites y hasta “negociar o arreglar” el curso de investigaciones judiciales, administrativas, penales, u otras en cualquier campo de la administración pública.

Esto acontece hasta el punto de que en nuestro medio se han popularizado los llamados lobistas, personas que mediante dadivas, estipendios, comisiones o “coimas”, están dedicadas y cuentan con capacidades para intrigar y conseguir resultados en los escenarios en los que actúan, en particular a niveles políticos y financieros. Esta clase de prácticas, si bien de por sí no son ilícitas, por ejemplo contribuyen especialmente en el nivel social a dar al traste con las oportunidades de superación personal y profesional de quienes lealmente participan o concursan para aspirar a diferentes cargos y además, fomentan los altos índices y grados de corrupción que hoy agobian a todos los estamentos de la sociedad colombiana.

Tenemos un consenso generalizado y coincidente en cuanto que uno de los mayores problemas del país, lo configura la corrupción rampante en todos los escenarios públicos y privados, de ahí que las gentes del común, nuestros dirigentes y líderes sociales, gremiales y los políticos mismos concuerdan en pregonar éste como una de las mayores causas de los conflictos que nos aquejan, por ser fuente de discriminación e injusticias vergonzosas, auspiciadas por nuestros gobernantes de turno con el apoyo implícito de las tradicionales estructuras dueñas del poder económico y burocrático que controlan el establecimiento colombiano. No de otra manera somos testigos de los arbitrarios abusos que observamos permanentemente ejercidos desde las más altas esferas de los gobiernos de las últimas décadas, cuando ya ni siquiera se molestan en disimular el soberbio autoritarismo con el que imponen sus decisiones en materias como las financieras, para citar otro ejemplo, basta recordar las consecuencias sociales y económicas que implicó para Colombia la frustrada reforma tributaria del pasado 2021, que pretendió imponer el Gobierno Duque, desatendiendo los clamores derivados del aumento generalizado de los índices de pobreza y falta de medios para la subsistencia digna, agravados por las restricciones sanitarias de la pandemia del covid-19.

Sin embargo, no nos podemos limitar a cuestionar las actuaciones del Presidente en funciones, porque si ampliamos el espectro a los escenarios departamentales, y regionales o las restantes entidades de la administración pública, de inmediato salen a relucir casos evidentes de corrupción resultante de los funestos “tráficos de influencias” que pululan por todas partes, como ocurre cuando en estos últimos recurren a la contratación directa o mejor, “a dedo”, con los nombramientos de funcionarios o la adjudicación de contratos, sin tener en cuenta los resultados de los concursos y los puntajes licitatorios, actuaciones que derivan en el cumulo de denuncias contra los responsables y que congestionan los procesos administrativos y judiciales.

Los hechos descritos, evidencian las causas que conllevan a que la corrupción se haya convertido en un grave problema que afecta la convivencia social y contribuye a fomentar los conflictos resultantes de esta forma de violencia a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado de tal manera, que la terminamos convirtiendo en una especie de problemática invisible, porque finalmente todos de una u otra forma, la hemos cohonestado.

*Rafael Robles Solano Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com.co