Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Padecemos una delincuencia desaforada, desbordada, misma que va a galope tendido, lo que es una muy grande realidad, confirmada por las estadísticas, pero, sobre todo, sentida como sufrida en carne propias por nuestra angustiada población. De no haber una reacción generalizada para detener esta marcha absurda del delito en todas sus formas y maneras, en poco tiempo no existiremos como país donde posible sea la convivencia, así suene a exageración.
Estado e instituciones, lucen por el momento impotentes. Han llegado a tal extremo los asuntos a este tenor que incluso las barbaridades y desatinos de algunos servidores públicos han pasado a un quinto plano, superados con creces por la ola de crímenes y violencia que nos tiene aterrados y con miedo a todos, un miedo que no deja luchar. Solo un acuerdo patriótico nacional, un consenso sin distingos de ideología, podría alcanzar la regeneración del país político y nacional mediante nuevas y ojalá que draconianas normas.
Nuestros dirigentes en todos los niveles, ojalá entendieran que su concepción de Estado no les ha valido para nada, siendo seguro que no ha sido apta, propicia ni adecuada para enfrentar con éxito las nuevas, terribles, realidades que soportamos los ciudadanos a todo lo largo uy ancho del territorio patrio.
Es de comprender que para enfrentar con éxito al crimen organizado deben seleccionarse servidores públicos de primera condición, con el conocimiento, trayectoria y experiencia necesarias; para con propia autoridad adelantar esa tarea con suficiencia cierta, a fin que no se genere confusión de funciones y mucho menos se pierda la eficacia frente a tema tan delicado y grave para los intereses de la comunidad.
Los desmanes inmisericordes de la delincuencia en el país, planeados muchos, improvisados otros y cruentamente ejecutados los más, hace ver claramente que no existe la inteligencia necesaria sobre las capacidades del enemigo. Obliga ello a andar con prisa y sin pausa, restaurar la confianza de los habitantes, entender que la población no debe sentirse desamparada, lo que puede llevar a situaciones de impredecibles consecuencias, y hace necesario activar las alarmas.
Se suma a la ola de violencia generalizada, la corrupción que sigue haciendo de las suyas y sus dividendos sometiendo a todos, razón por lo que las fuerzas de seguridad e inteligencia deberán estar muy alertas para prevenir, si posible fuera, cualquier ataque terrorista que sería lo más grave, o movilizaciones fuera de la ley, organizadas por los especialistas en subvertir el orden público que conocemos.
*Saúl Alfonso Herrera Henríquez. saulherrera.h@gmail.com – Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual
