Por: Rafael Robles Solano*
A causa de los acontecimientos de las últimas semanas, lamentablemente tuve que aplazar la culminación del presente tema, que ahora retomo para exponer mis reflexiones y consideraciones de reproches porque a estas alturas del siglo XXI, donde se destacan los progresos sociales y culturales, es frustrante que nuestro país siga arrastrando enormes beneficios y privilegios atávicos en favor de funcionarios y personajes favorecidos socialmente por los poderes burocráticos, por sus cunas de alcurnias y por virtud de sus fortunas económicas.
En esa publicación planteaba que: “… pretendía analizar desde una óptica sencilla y didáctica, las graves implicaciones sociales que acarrean las desigualdades jurídicas resultantes en los privilegios judiciales y carcelarios de los que gozan en nuestro país los políticos y delincuentes de cuello blanco, como acabamos de ver con el cierre del pabellón para funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de Barranquilla, confirmando el dicho de que: “la justicia es solo para los de ruana”.
Allí mismo exponía que: “Por las consideraciones expuestas, estimo pertinente por ahora referirme a las denuncias, por las repercusiones que conllevan salir de la impunidad judicial, la importancia y necesidad requerida para averiguar por los alcances de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, la justicia ordinaria, en especial los juzgados penales, la Procuraduría y la Super de Notariado y Registro, con el fin de ir conociendo los responsables de apoyar y financiar a los diferentes grupos de paramilitares que azotaron gran parte de la geografía nacional y que subsisten hasta nuestros días, gracias a la impunidad reinante, por la carencia de resultados específicos,…”
Planteamientos que siguen siendo motivo de claras y evidentes discriminaciones patrocinadas por cuenta de los encargados de la administración de justicia, desde los niveles más bajos que hacen parte de la pirámide judicial, hasta las altas cortes, que como es de conocimiento público, han resultado salpicadas y comprometidas en hechos cuestionables y fraudulentos, como los magistrados involucrados en el despreciable “cartel de la toga”, quienes descaradamente se dedicaban a cambio de jugosas sumas de dinero, a cometer delitos que afectaron la seguridad pública y la administración de justicia.
Observar inermes como pareciera que fiscales y jueces, se confabulan con los abogados defensores de semejantes delincuentes de cuello blanco, que se encuentran vinculados, cuando no involucrados como determinadores de toda clase de delitos penales que reseño de nuevo, denunciados por crímenes, tráficos de influencias, chuzadas ilegales, sobornos, corrupción, compra de testigos, fraudes procesales, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir, falsas desmovilizaciones, falsos positivos, etc.
En resumen, tenemos que la administración de justicia y el mismo sistema carcelario, requieren con urgencia, de toda una serie de reformas integrales, para despojarse de las ataduras motivo de estos análisis, que tanto daño hacen y facilitan que formas de corrupción más sofisticadas sigan entronizadas en su interior, creando incertidumbres y desconfianzas, inclusive sobre aquellos traslados especiales a guarniciones militares que por razones de seguridad, se disponen para garantizar la vida de sindicados, pero no para seguir viendo espectáculos de cómo se privilegian a detenidos como el exministro Andrés Felipe Arias, condenado a más de 17 años por la Corte Suprema de Justicia, por la sinvergüenzura de Agro Ingreso Seguro, que gozó de un plan vacacional en la sede militar de Usaquén. Hechos que desnaturalizan la razón de ser del Estado Social de Derechos.
*Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. rafaelrobles12@hotmail.com
TEMA ENLAZADO: DE LAS DESIGUALDADES JURÍDICAS A LAS SOCIALES (I)
