SAÚL ALFONSO HERRERA HENRÍQUEZ

Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*

La justicia es principio constitucionalmente consagrado como valor superior del ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad, ya que, según los casos, se identifica con alguno de estos otros principios; la legalidad, hace referencia a la existencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias, y desaprueba a otras que afectan las normas establecidas y vigentes; y, el Estado de derecho, es acepción que se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de derecho.

Conceptos que han dado para que sostengan tratadistas y académicos, que en mucho preocupan informaciones de tiempo atrás sobre justicia, legalidad y Estado de derecho, especialmente por su poco, nulo avance y marcado retroceso en la justicia del día con día, que conmueve y afecta a los ciudadanos en su diario vivir, que trata de delitos comunes y son los que más ruinas causan en los asociados, al convertirse en prisión sin sentencia, extorsión, pérdida de patrimonio y doblez moral, a lo que se suma una grave involución en la justicia referida a derechos de propiedad, mercantiles, periodísticos, del espacio cívico, sociedad civil y derechos humanos; de ahí que la información de organizaciones independientes, sin propósito de orden político distinto a diagnosticar y aportar, sean para que el desempeño de los países mejoren en materia de justicia y no sean más en lo posible, desastrosos o peores que siempre.

La probabilidad que un delito se denuncie y se esclarezca es vergonzoso, nula su efectividad y poca investigación, penosos los indicadores de legalidad, poco o nada se respetan las leyes por parte de ciudadanos y gobernantes. Mala es igualmente la percepción sobre el cumplimiento de la ley, la imparcialidad de las cortes y la independencia del sistema judicial. Son las cuales informaciones que van acompañadas de metodologías robustas y de mediciones aceptadas y avaladas por la comunidad científica y la evidencia cotidiana.

Asustan igualmente los datos sobre el Estado de derecho, retrocedidos respecto de los límites en muchos poderes del orden ejecutivo, cuya involución se ha dado por la vía legal, paralegal o reglamentaria, así como incurriendo en la ilegalidad a sabiendas que la impunidad tiende a imponerse. Las ilegalidades ocurren permanentemente, igual las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos que se han interpuesto por las leyes aprobadas y por los decretos, acuerdos y circulares que ha emitido el Ejecutivo, y por cuanto emanan igualmente acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales que se han promovido contra los actos de alguna autoridad que invaden la competencia de otras autoridades, y demás otros recursos que no han sido resueltos, lo que lleva a la conclusión que vivimos en un estado de indefensión en materia de justicia y legalidad, lo que debe y tiene que corregirse sí o sí en beneficio comunitario e institucional.


*Saúl Alfonso Herrera Henríquez saulherrera.h@gmail.com Abogado. Especializado e Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual.

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