Por: Víctor Hugo Santofimio Osorio*
Nos revela la historia con sobradas como marcadas evidencias, que desde tiempo inmemorial han desfilado ante nosotros innumerables escándalos que han sido referidos como de enorme corrupción, por los ingentes desmanes, situaciones, circunstancias y las ingentes sumas de dinero y bienes de los sagrados recursos públicos, hurtados, robados, desviados o como los queramos llamar, así como los unos y más personajes involucrados hasta el cuello en tales acciones, entre quienes se cuentan por varios, personajes públicos que han sido o son presidentes, congresistas, ministros, magistrados, congresistas, generales y servidores públicos de todos los rangos, entre otros.
Escándalos que han sido como una especie de purga permanente que han menguando considerablemente legitimidad a los distintos poderes del Estado y, por consiguiente, afectado de manera negativa la confianza, el respeto y el acatamiento que deberían inspirar las instituciones estatales, como fueron para no irnos más lejos en el tiempo, el proceso ocho mil, la parapolítica, el carrusel de la contratación en Bogotá, el “cartel de la toga”, el caso Odebrecht, la impunidad para tantos y más casos, por solo mencionar los que más figuración han tenido en los medios de difusión; aunque sería tanto impreciso como injusto hablar de corrupción generalizada del Estado, no obstante saber de la existencia de nichos de corrupción en notorio como notable aumento de casos, con el agravante cierto, que hemos estado viendo, e incluyen a miembros de los más altos niveles de autoridad, constituyéndose un enrarecido ambiente de deslegitimación estatal que importa y urge detener y reversar.
Ha habido acciones restauradoras desde el escenario estatal que han sido y son insuficientes, como altos en grado superlativo los niveles de impunidad, que no han permitido una disuasión mayormente efectiva respecto de la delincuencia en general como la de cuello blanco en particular. De otra parte, cuando los medios de difusión informan al respecto, promueven la sanción social. No decrece la ocurrencia de la corrupción, no se llega o no se quiere llegar a las raíces del problema, tampoco se han encontrado las soluciones mejores; solo palos de agua tibio que no resuelven, como es el caso del aumento de penas o la casa por cárcel para los servidores públicos corruptos.
Los funcionarios públicos que delinquen tienen mayor responsabilidad social por sus faltas, ya que están obligados a dar ejemplo a generaciones por venir, y deberían ser sancionados con drasticidad, así provengan de las mismas entrañas de nuestra sociedad que los elije o facilita su nombramiento, indicando lo cual que el problema más que amplio, es cultural a decir de conocedores de la temática; cultura que debe y tiene que transformarse con medidas que vayan desde la formación en las familias y distintos niveles educativos hasta decisiones de política pública nacional e internacional, con ejecutorias efectivas de justicia disciplinaria y penal que le rompan la curva al grave flagelo de la impunidad; de ahí que dos caras tengan en común los escándalos de corrupción que hemos tenido: sanciones penales que no llegan a los principales responsables y por cuanto muchos de los procesos penales se han abierto o revivido por presión directa o indirecta ejercida desde medios de difusión y autoridades de otros países.
vsantofimioosorio@yahoo.es *Empresario y Consultor Empresarial. Conferencista. Cultor Musical Polifacético. Candidato Gobernación Departamento del Huila
