Por: Rafael Robles Solano*
Concluyo las reflexiones que expusiera desde la colaboración anterior, respondiendo a las expectativas personales y consideraciones de algunos de mis amables lectores, advirtiendo que de cierta manera las comparto íntegramente. Me refiero a este polémico y complejo propósito del Gobierno Nacional, en busca de consolidar escenarios legales y reales para la materialización de su denominada PAZ TOTAL.
Al respecto, conviene analizar no solo las implicaciones jurídicas de los procesos estructurales que concurren al mismo y sobre la que se pretende edificar estos beneficios a favor de todos aquellos que se encuentran al margen de la ley, separando a los que militan en las filas del E.L.N., de los de las disidencias de las FARC, y finalmente a los que hacen parte de los muchos y diferentes grupos delincuenciales urbanos y rurales, porque sobre cada uno de estos tres grupos, pesan situaciones confrontacionales diferentes, de modo que organizar las condiciones de sometimiento a la justicia transicional de cada uno de ellos, requiere de disposiciones diversas, porque sobre los dos primeros, el E.L.N. y las FARC, media un trasfondo político, mientras que sobre el tercero, pesan características sociológicas y mercantiles totalmente distintas, sujetas en principio a factores de orden social y económicos, teniendo en cuenta que en Colombia casi el 40% de su población vive en la absoluta pobreza, lo que convierte al país en uno de los más desiguales del mundo, ocasionando falta de oportunidades por las carencias en que suelen crecer.
Sin embargo, más allá de reconocer los dos factores aludidos, ello no significa que, por el hecho de procurar su reinserción social, se les pueda y deban indultar sus múltiples delitos relacionados con extorsiones, sicariatos, comercio de drogas, el contrabando, la minería ilegal, los juegos de azar, la explotación sexual, el tráfico de personas y las groseras discriminaciones resultantes de los escenarios de corrupción, citando los más delicados.
Entonces tenemos, como es de conocimiento público, qué con los denominados ELENOS, toca reiniciar los diálogos y el proceso de negociación que en su momento suspendiera el gobierno anterior, con base en los actos terroristas que lo motivaron. Es un proceso que confiamos, logre sus objetivos a corto o mediano plazo, pues están dadas las condiciones de institucionalidad que facilitan el llegar a acuerdos integrales con ellos.
Con respecto a los disidentes de las FARC, el proceso es más complejo, por cuanto están fraccionados en varios bandos, los que renunciaron a cumplir los acuerdos negociados, como es el caso de IVÁN MÁRQUEZ y sus seguidores y, aquellos que nunca aceptaron, ni reconocieron dichas negociaciones, aparentemente por cuanto para ellos significa además tener que abandonar el control y la comercialización de sus principales y restantes fuentes de ingresos como lo son el tráfico de coca, del coltán, del oro, etc.
Finalmente, el conseguir como materializar el sometimiento de los distintos grupos delincuenciales, que es un escenario inédito y complicado, dados los múltiples factores de inseguridad que los motivan, lo cual conlleva a que el Estado de una parte, tenga que asumir compromisos serios para ofrecer soluciones que permitan ir transformando sus condiciones de vida, brindando y facilitando a sus integrantes oportunidades de estudio, de salud, vivienda y trabajo dignos, lo cual implica asumir programas socio económicos sin antecedentes en Colombia y de la otra parte, contar con el decidido respaldo y participación de las grandes empresas e industrias, al igual con el aporte de las mayores organizaciones del sistema financiero y productivo, por solo citar las más influyentes, para que con su decidido concurso, contribuyan a construir entre todos, un país con una sociedad con menos inequidades como las que nos agobian en la actualidad.
*Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
