Ad portas de que se cumpla el primer año de haberse detectado el virus del coronavirus – COVID 19, en la ciudad de Wuhan (China), el tema principal que sigue acaparando la atención en los diferentes países del mundo es, como frenar la expansión y mantener el control sobre la pandemia mientras llega la vacuna y se realizan los planes masivos de vacunación de los ciudadanos.

La emergencia del coronavirus ha generado un impacto en la salud publica global, que se traduce en una crisis humanitaria, que se hace cada vez más evidente frente al aumento exponencial de los contagios en todo el país durante el año 2021; fijando como única esperanza para su neutralización en las vacunas que según los gobiernos están cada vez más cerca. 

Si bien es necesario y urgente atender la crisis sanitaria, alternándola con las diferentes actividades económicas, como factor determinante para la recuperación de la economía, esto no debe hacernos perder de vista otra amenaza que enfrenta el planeta con graves implicaciones: la crisis climática; tema sobre el cual diferentes líderes mundiales, entre otros la joven activista contra el cambio climático GRETA THUNBERG, llama permanentemente a aumentar la presión frente a los dirigentes mundiales para tratar de detener la crisis climática que afecta al planeta tierra. 

Colombia entendido como un país situado en la franja de ingresos bajos a medios en el panorama económico mundial, considerando que nuestro producto interno bruto (PIB) per cápita, es decir, el valor monetario total de lo que se ha producido durante un año, dividido entre la población colombiana, fue escasamente de 5.800 Euros en el año 2019; valor que se estima precario comparado con países como Panamá con 16.245, Chile, 13.457, Argentina 9.028, entre otros, y que por tanto exterioriza las dificultades del país para el acopio y disposición de recursos económicos que permita atender el ataque y propagación del virus, mantener funcionando las empresas y garantizar la sostenibilidad de la economía.

Toda crisis epidemiológica, inclusive las de mayor impacto como esta del COVID 19, trae y genera oportunidades para las personas y los países, tal como la transformación empresarial, la migración de las empresas a otros sectores y lugares y la ampliación de las capacidades.

Tristemente, estos fenómenos que igualmente deben encaminarse en torno a generar condiciones favorables para las comunidades, a partir de la protección de nuestros bosques y reducir la tasa de deforestación en regiones como la amazonia, Orinoquia, el Catatumbo, los importantes bosques húmedos del Pacifico y bosques secos del Caribe; terminan convirtiéndose en oportunidades para las mafias madereras y los precursores de cultivos ilícitos y la minería ilegal.

El gobierno nacional además de ser el garante de la protección de nuestros boques, más allá de tratar de resolver los retos de salud pública que el virus genera, debería intervenir en estas regiones de manera puntual a través de la formulación de planes, programas y proyectos focalizados para las personas asentadas en estos territorios, con estrategias de protección y productividad del futuro post covid-19, que contribuyan a la conservación del ecosistema ambiental; de unas regiones que vienen siendo golpeadas y afectadas severamente por la turbulenta violencia.

Los compromisos nacionales del Estado colombiano de reducción de emisiones (NDCs por sus siglas en inglés) no son suficientes para alcanzar el objetivo global, que conduzca al planeta a un calentamiento de más de 2°C; por tanto se necesitan NDCs más ambiciosas y alineadas con las estrategias de largo plazo para descarbonizar las economías y generar cientos de miles de empleos nuevos en la región de Sudamérica durante la transición.

Importa señalar, que hoy a través del proyecto Rutas de Descarbonización Profunda (DDPLAC por sus siglas en inglés), se busca propiciar transformaciones necesarias en cada país para alcanzar cero emisiones netas en la segunda mitad del siglo; identificándose como áreas clave para la reducción de emisiones la generación de electricidad, el transporte de pasajeros, la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU).

Si bien la pandemia obligó a postergar la COP26 hasta noviembre de 2021 (cumbre del clima en la que se esperaban consensos definitivos para impulsar una acción climática ambiciosa), los esfuerzos para combatir la emergencia climática no deben ralentizarse; pues como han señalado los ambientalistas y expertos ambientales, para lograr el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura promedio mundial entre 1.5°C a 2°C, y así evitar consecuencias devastadoras para el planeta, se requiere llegar a cero emisiones netas de carbono entre 2050 y 2070.

El reciente anuncio de China de convertirse en carbono neutral para 2060, el Plan de Descarbonización de Costa Rica y las estrategias de descarbonización a largo plazo (reducir las emisiones de carbono de los combustibles fósiles, la deforestación y los procesos industriales a niveles cercanos a cero) en proceso de diseño en Chile, Colombia y Perú; son una muestra del interés de estos países de atender el compromiso hacia este objetivo.

Pises como Perú presenta ya emisiones positivas de la deforestación que superan a las negativas de la forestación y la reforestación. Estudios como el de DDPLAC son fundamentales para los procesos de formulación de las políticas climáticas nacionales, las estrategias de largo plazo para la carbono-neutralidad y la actualización de las NDC.

Actuando en esta dirección, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) está apoyando a los gobiernos de la región, específicamente a Colombia, Chile y Perú, en el análisis de rutas de descarbonización para definir estrategias de largo plazo mediante una técnica innovadora de Toma de Decisión Robusta (RDM por sus siglas en inglés).

Ésta rutas permiten definir de manera conjunta con los diversos grupos de actores de la economía y la sociedad, opciones de descarbonización que estén alineadas con los objetivos de desarrollo en cada sector.

Por otro lado, el estímulo económico para la reactivación post pandemia es una oportunidad para integrar aspectos de sostenibilidad a largo plazo incluyendo criterios de descarbonización y resiliencia. Utilizar las estrategias de descarbonización para guiar la recuperación sostenible puede crear puestos de trabajo y generar beneficios económicos y sociales a las comunidades, garantizando la recuperación a corto plazo y la construcción de un futuro más sostenible e inclusivo.

Organismos multilaterales como el BID, pueden a solicitud del Gobierno, financiar a expertos locales e internacionales como se ha hecho en países como Costa Rica, para recopilar el conocimiento existente, incluido el conocimiento del mismo BID, en cada sector e inventariar los planes de políticas en energía, uso de suelo urbano y rural, gestión de residuos, agricultura, ganadería y silvicultura vigentes o en discusión en el país.

En artículo del periódico El Tiempo (enero11 2021) refiere que la reciente expedición del COMPES 4021, que atiende las recomendaciones de la Sentencia STC – 4360 de 2018 de la Corte Constitucional y que define los lineamientos de la política integral para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los boques, se entiende como un logro importante, sin embargo, urge la articulación de intervenciones ambientales y la definición de política social, con el reconocimiento explícito del pago por servicios ambientales y generación de empleo; todo lo cual debe contar con el acompañamiento necesario de la fuerza pública, considerando las condiciones de aislamiento y presencia de actores armados en estos territorios.

Igualmente en los reportes dispuestos en el documento del BID: “Mejorando vidas en América Latina y el Caribe”, el apoyo al Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, se destaca como un marco para el futuro; se advierte que la colaboración del BID con el Gobierno de Costa Rica muestra cómo las instituciones de desarrollo pueden promover eficazmente las sinergias entre el avance de las prioridades de desarrollo en cada sector y la alineación con el objetivo de descarbonización que los países establecieron como parte del Acuerdo de París.

Por último, debemos precisar que los expertos coinciden en todo el mundo que una economía de cero emisiones netas, es técnicamente factible y necesaria para contener la crisis climática y, si se hace bien, puede traer grandes beneficios económicos.

En un mundo marcado por la pandemia, una razón clave para adoptar una economía de cero emisiones netas es que puede crear nuevas oportunidades y empleos para la gente.