Por: Rafael Robles Solano*
En esta oportunidad me permito dejar de lado la temática política que por estos tiempos nos intriga y preocupa de cara a las próximas elecciones de finales de octubre, para referirme en esta ocasión al acto que hiciera por estos días el gobierno, sobre la REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, como un medio para facilitar y seguir reivindicando el acceso a tierras rurales de las poblaciones campesinas, con la que se pretende compensar la concentración de tierras improductivas que todavía proliferan y la baja producción agrícola, en un país, que requiere con urgencia reactivar el campo, y que dentro del marco de los proyectos gubernamentales, propende por alternativas sostenibles para la producción de alimentos, buscando racionalizar la tenencia, el uso y la utilización de la tierra, buscando de paso ir acabando con los atávicos rezagos feudales y latifundistas de grandes terratenientes que aún existen y se conservan en nuestro país,para dar paso a nuevos conceptos en el manejo y aprovechamiento racional de la tierra.
El Presidente, recogiendo disposiciones legales vigentes que vienen del siglo pasado, destacando los más significativos, con antecedentes que se remontan hasta la Ley 74 de 1926, cuyo gobierno enfrentó una grave crisis alimentaria proveniente de los enfrentamientos armados partidistas de aquella época, proclamaba que los bienes rurales debían cumplir una función social y que el Estado, podía expropiar aquellas tierras no explotadas, a través de la figura de extinción de dominio; la Ley 200 de 1936, del gobierno de López Pumarejo, que propugnó por la parcelación de tierras, pero que no logró su objetivos, porque fue politizada y terminó en la privatización de los predios rurales en manos de políticos, hacendados y en la expulsión de los colonos de sus tierras, fomentando la violencia rural; la Ley 135 de 1961, que creó el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA REFORMA AGRARIA – INCORA, adoptada por el gobierno de Lleras Restrepo, con el respaldo de LA ALIANZA PARA EL PROGRESO, desplegaba con tres líneas estratégicas, así: a.) Dotación de tierras a campesinos carentes de ellas; b.) adecuación de tierras para incorporarlas a la producción, y c.) implementación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios de infraestructuras; y la Ley 60 de 1994, implementada por Cesar Gaviria, se caracterizada por la negociación voluntaria de tierras, buscaba reducir las inequitativas distribuciones de tierras, pero nunca se aplicó. Con este resumen histórico, dejo en evidencia la falta de argumentos justificados que apoyen los cuestionamientos provenientes de sectores que se oponen a estas reformas, aduciendo que Petro lo que pretende es iniciar una serie de expropiaciones express, perjudicando a hacendados y ganaderos, pues olvidan que las mismas, vienen legisladas desde la citada Ley 74/1926.
Sin embargo, los opositores y contradictores del gobierno desconfían de la implementación de esta REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, que impulsa el Mandatario actual, dentro de una concepción moderna, que pretende desplegar a través de diseños sustentados en ocho subsistemas, tales como: la adquisición y adjudicación de tierras; la delimitación y consolidación de tierras campesinas; ordenamiento territorial y solución de conflictos; adecuación de tierras a servicios sociales básicos; asistencia, capacitación y diversificación de cultivos; estímulos a las economías campesinas, familiares y comunitarias; créditos agropecuarios; delimitación y consolidación de los territorios indígenas, de los colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que promueven el rescate de las poblaciones de la Colombia profunda y olvidada.
Subsistemas que transversalmente recogen la conservación de los saberes culturales, respetando sus derechos y tradiciones, las zonas de reservas, estimulando las economías campesinas, permitiendo el acceso a las transferencias tecnológicas que faciliten la diversificación de cultivos, para facilitar la comercialización y el fomento agroindustrial de sus productos y cosechas. Todas estas reformas que en este campo se promueven, brindan oportunidades de equidad y justicia social que, sin embargo, no consiguen que la derecha, deponga sus temores, los cuales obedecen a la pérdida de sus ancestrales y tradicionales privilegios territoriales.
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
