Por Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
El servicio público debe ser considerado como una actividad digna, lejos de corrupción, incompetencia, abuso, desconfianza, irresponsabilidad, descomposición e impunidad. Es una necesidad que no debemos menospreciar, ya que de él dependen finalmente todas y cada una de las decisiones y acciones que fijan el rumbo de las naciones; y, la calidad de nuestro presente y de nuestro futuro está ligada a sus estándares.
Constituye una de las actividades más enaltecedoras al que cualquier ciudadano pueda aspirar. Brindar la propia vida para hacer una diferencia positiva en la vida de los demás miembros de la sociedad en búsqueda del bien común, es propósito de nobleza indiscutible. Uno de los pilares sobre los cuales se construye, permanece y progresa la sociedad, ya que de él depende el ejercicio del gasto público, que constituye el mayor y principal ejercicio de soberanía en un país. Es el acto que define las prioridades de gobierno y que transforma el discurso vacío en actos concretos. Las decisiones públicas requieren ejecución y la ejecución corresponde a sus servidores. Debiera ser concebido por la sociedad dentro de una escala más alta que la de una actividad ordinaria; reconocerse como un valor social ajeno a los servidores públicos y a sus actos; y, al igual que otros valores sociales (paz, respeto, tolerancia, dignidad humana, igualdad, racionalidad), cuyo sentido es mantener equilibrio, estabilidad y orden en la sociedad. Como aspiración colectiva es motor de progreso social en su sentido más amplio e idealizarlo debe ser una guía a nuestra aspiración como sociedad sobre lo que debe ser.
Desdeñarlo socialmente impide que se establezcan esquemas normativos y sociales que lo protejan, no sólo en su ejercicio, sino en su finalidad y significado. Facilita que se le tenga presente solamente por sus resultados y no por sus propósitos. Hoy entre nosotros, padecemos las consecuencias de su desprecio, De una parte, vemos el anti-servicio público, personificado por individuos carentes de todo compromiso con el bienestar social o bien común, de ideas para mejorar las condiciones de los ciudadanos, de preparación para la toma de decisiones y de valor para asumir las responsabilidades que vienen con los cargos, aunado a su determinación de utilizar el servicio público como un medio para la satisfacción de sus intereses personales, o sea, corrupción. De otro lado, el efecto natural desde la sociedad es el repudio, el cual implica una generalización apresurada sobre todos los servidores públicos, buenos y malos,
En consecuencia, no se reconoce ni se premia el esfuerzo, la constancia o la honestidad de quienes se esfuerzan por ejercerlo dignamente, ni siquiera se valora el arriesgar la vida y la de la propia familia por cumplir con la promesa de velar por este país, su gente y sus instituciones. Sostener que todos los miembros del servicio público son incompetentes o corruptos y que no hay quien pueda tirar la primera piedra es falso y es injusto con los muchos colombianos que día a día cumplen con su deber y lo hacen presionando sus límites y si bien la percepción puede estar justificada, es falsa a todas luces.
Desafortunadamente como sociedad civil nos mantenemos de espaldas a la responsabilidad de los actos de gobierno, nos ofrecemos como espectadores pasivos de sus esfuerzos negando que son nuestros vecinos, amigos, familiares o fueron nuestros compañeros de escuela. Se nos olvidó, o nunca hemos comprendido, que la respuesta que buscamos está en la misma sociedad que se ha negado a generar esquemas para que sus mejores hombres estén donde más se necesitan. Se nos olvidó que el servicio público es contrapeso a los excesos y desviaciones de la clase que personifica el anti-servicio público.
Quien conoce honradamente el servicio público sabe lo que es vivir de su salario. Disminuirlo significaría obligar a los servidores públicos ejemplares a buscar otra actividad, inclusive a dejar el servicio público, porque justamente ese tipo de personas no considerarían como opción “empezar a robar” para cubrir su sustento. Seamos claros: quien obtiene beneficios indebidos derivados del ejercicio de su puesto puede renunciar completamente a su sueldo sin empacho alguno, porque justamente no vive de eso. No son servidores públicos baratos y mediocres los que necesita el país, sino servidores públicos competentes, bien evaluados en su trabajo y pagados conforme a sus conocimientos, experiencia, resultados y grado de riesgo de sus actividades.
Necesitamos como nunca antes, una revalorización del concepto de servicio público, ejemplos que representen ese nuevo paradigma y su reconocimiento como valor social. Es darnos cuenta que es un rubro fundamental de la agenda pública de cara a nuevas y mejores administraciones. Se trata de generar una guía constitucional y social que lo reposicione, que brinde eco a los ejemplos positivos, cuidando su desarrollo y permanencia, velando porque haya más colombianos sirviendo a su país más allá de cualquier gobierno en turno o corriente política para construir instituciones que perduren en el tiempo. Sin instituciones careceremos siempre de futuro. De la misma manera requerimos ser gobernados por personas honestas, comprometidas, responsables y competentes a los que la sociedad les brinde el lugar que merezcan conforme a sus méritos y a la obra que lideren para la construcción del país al que todos anhelamos sentirnos orgullosos de pertenecer.
*Saúl Alfonso Herrera Henríquez. Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. saulherrera.h@gmail.com
