Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*
Es evidente que la estructura urbana señala características concretas a la participación ciudadana. Las localidades pobladas por clase media, con un componente social más compacto e ilustrado, reclama a las autoridades superior calidad de vida traducida mayor y mejor dotación de infraestructura y servicios básicos, más seguridad pública y colaboran con la institucionalidad; y si la respuesta no es oportuna o deficiente, acuden al mercado de contratación de la seguridad privada, e instalan alarmas y demás otras precauciones.
En contrario sentido, existen barrios que sirven de cuna espacial para la comisión delictiva, donde la participación y denuncia ciudadana es escasa por no decir que nula o apunta en sentido inverso; esto es, tolera y encubre al delincuente. Claro es que no se puede generalizar, pero si marcar como tendencias los efectos anteriores, mismos que tienen que analizarse a profundidad con estudios de caso. La privatización de los espacios públicos, exclusión social e intolerancia son elementos, que además de los conocidos problemas de ineficacia, corrupción y falta de aplicación de las leyes, contribuyen a desalentar la participación ciudadana, observándose generalmente que el grado de consolidación de las estructuras gubernamentales y el de respuesta ciudadana ante estos llamados a la participación dependen de varios aspectos, entre los que cabe citar:
-La actuación de las autoridades locales, de los que depende la impunidad y la confianza que tengan los residentes para coordinar acciones con ellas, a lo que se adicionan las políticas y programas implementados que, normalmente, carecen de continuidad, de la apertura de canales institucionales para la participación ciudadana y de disminuir los índices de corrupción.
-La configuración territorial urbana pues de ello depende la relación entre los lugares donde delinquen los delincuentes y los lugares donde éstos residen, la especialización de algunos barrios que funcionan como una estructura funcional de organización territorial, en delitos como robo y venta de autopartes, tráfico de drogas, tráfico de armas, venta de artículos piratas, y demás; casos en los que algunos habitantes organizan redes de protección para los delincuentes, al estar inmersos directa o indirectamente. Los habitantes que no participan en estas redes delictivas, se refugian en el silencio y la no participación, por temor a las represalias, lo que hace más grave la problemática.
-El estrato socioeconómico de los residentes, ya que generalmente las localidades residenciales de ingresos medios tienen mayor grado de respuesta y motivos para participar que las populares, que se consideran proveedoras de delincuentes y en sí mismos son barrios de mayor peligrosidad por el gran deterioro urbano, mientras que las de altos ingresos se procuran su propia seguridad privada.
-El tipo de actividad económica que se realiza, Zonas comerciales o bancarias constituyen lugares de operación de los delincuentes, pero como a estas zonas acude diariamente población flotante y no son de uso residencial, la acción de sus reductor en más difícil que procedan.
-La percepción ciudadana, ya que la sensación de inseguridad promueve acciones en pro o en contra de la participación amplia y efectiva.
Esta situación redunda en que la población tiende a aislarse de los espacios públicos y por ende a perderse la integración social debido a que se individualizan los problemas de seguridad y se evita el contacto entre los grupos sociales, lo que finalmente repercute en una mayor inseguridad.
Los grandes retos a vencer y el sentido que debe tomar la participación ciudadana son: combatir en espacios locales, la cultura de asolapada, el encubrimiento, la no denuncia y la apatía e indiferencia, que actúa en detrimento de la cultura de la denuncia y participación preventiva ciudadana; lo que llama a fomentar la identidad, el arraigo territorial y el sentido de pertenencia de la ciudadanía respecto a su barrio; resolver los conflictos con los cuerpos policiacos, combatir la corrupción.
Es ante la opinión pública, en la que los medios de comunicación tienen un papel de fomentar el sentimiento de inseguridad, se presenta como la incapacidad del gobierno para mantener el orden y afecta la credibilidad en las autoridades debiéndose fortalecer las medidas de prevención del delito, tales como los programas para jóvenes, en las escuelas, en los centros de integración juvenil; lo que hace necesario redefinir las funciones de las instituciones preventivas del delito, pues éstas actúan en un marco judicial aun cuando la prevención del delito, como problema eminentemente social, debe ser atendido por instituciones encargadas de la política social, que deben fungir como instancias de prevención del delito, siendo indispensable integrar las políticas sociales y asistenciales para prevenir el delito, en la seguridad de superar escollos y consolidar superiores resultados en esta compleja asignatura.
*Luis Gilberto Ramírez. General (r) Ponal. Administrador. Consultor Asesor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo.
