Por: Melanio Zúñiga Hernández

Acaba de terminar en la ciudad Glasgow, Escocia la denominada Cumbre del Clima COP26, en la que más de 180 países se han comprometido a terminar con la deforestación indiscriminada y a reducir de forma considerable las emisiones de metano para el año 2030.

Este que es uno de los primeros y quizá principales compromisos adquiridos por una gran mayoría de Estados en el marco de la Cumbre, recoge en la declaración firmada por la mayoría de los líderes de los países asistentes, además de enfatizar en las funciones criticas e interdependientes de los bosques de todo tipo y el uso sostenible de la tierra para permitir que el mundo cumpla sus objetivos de desarrollo sostenible; buscan ayudar a un equilibrio entre las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y la eliminación por los sumideros, asi como adaptarse al cambio climático y mantener otros servicios de los ecosistemas.

Reafirman igualmente los respectivos compromisos, colectivos e individuales con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y otras iniciativas relevantes, manteniendo sus compromisos con el uso sostenible de la tierra y con la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres.

Esta que es la declaración política contratas con el documento final aprobado por las diferentes delegaciones, entre otras China y la India que se encuentran entre los países más contaminantes del planeta, pero que se opusieron a que se limite desde ya el uso del carbón, que es uno o quizá el mayor contaminante con incidencia directa en el cambio climático y componente esencial para mantener el calentamiento global por encima de 1,5 ° C.

Reconocen que para cumplir con los objetivos de uso de la tierra, clima, biodiversidad y desarrollo sostenible, tanto a nivel mundial como nacional, se requerirán más acciones transformadoras en las áreas interconectadas de producción y consumo sostenibles, desarrollo de infraestructura, comercio, finanzas e inversiones, y apoyo a los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales, que dependen de los bosques para su sustento y tienen un papel clave en su gestión; comprometiéndose a trabajar colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, al mismo tiempo que se ofrece un desarrollo sostenible y se promueve una transformación rural inclusiva.

Consideran esta la única oportunidad para conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración a través de bosques resilientes y avanzados, uso sostenible de la tierra, biodiversidad y objetivos climáticos, en lo cual fortalecerán esfuerzos compartidos.

Además, el acuerdo aspira a reducir la vulnerabilidad y mejorar los medios de vida rurales mediante el empoderamiento de las comunidades y el desarrollo de una agricultura rentable y sostenible.

En teoría, la declaración de los lideres de Glasgow sobre los bosques y usos de la tierra se entiende de suma importancia para un país como Colombia que conserva aún grandes extensiones de bosques en regiones como el Pacifico y la Amazonia, y que al igual que otros estados como Canadá, Brasil, Rusia, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo, que poseen unos territorios que suman el 85% de los bosques del mundo, asumen el reto de terminar con la deforestación.

Por último, los estados firmantes se comprometen a aumentar significativamente la financiación y la inversión para potenciar la agricultura sostenible, la ordenación forestal sostenible, la conservación y restauración de bosques y el apoyo a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

En cuanto al Estado colombiano y gobierno nacional me embarga, ojala de manera infundada la preocupación como lo he manifestado en ocasiones anteriores, que la implementación y resultados tangibles de estas decisiones en nuestras comunidades tengan efecto a corto plazo como se refiere; pues más allá de una intensión de plantar 50 millones de bosques en el cuatrienio 2018 – 2022, las políticas observadas no apuntan a una articulación real que permita generar desarrollo en las comunidades a partir de las potencialidades ambientales sostenibles. 

Surge entonces la urgente necesidad, que a partir de los acuerdos de Glasgow se puedan definir y formular políticas públicas partir de las grandes ventajas que ofrecen los bosques y biodiversidad de regiones como el Pacifico y la Amazonia, que contribuyan a la inserción de sectores marginados como las comunidades negras organizadas e integradas en consejos comunitarios, cabildos indígenas y campesinos a un verdadero desarrollo económico; que les permita generar ingresos dignos sin necesidad de deforestar o degradar los bosques, como sucede en países como Gambia, Ghana, Georgia, Túnez, Vietnam, Chile y Costa Rica.  

Inquieta saber no obstante, que hoy la legión de precandidatos que se pelean el favor ciudadano buscando acceder a la presidencia de la república, se limitan a hablar de temas de su interés o el de sus patrocinadores políticos y económicos, sin considerar siquiera el uso sostenible de la tierra y la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques como un escenario que pueda brindar oportunidades de trabajo bien renumerado a sectores, que si bien distantes de las grandes capitales y ciudades del país, juegan un papel importante en el cuidado y protección de los bosques; exponiendo a veces hasta su propia vida frente a la agresiva presencia de los pirómanos que incendian y talan sin contemplación los bosques.

Por el momento, los países que han firmado la declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra han pactado invertir más de 16.000 millones de euros en los próximos años para financiar medidas como la restauración de tierras degradadas, la gestión de incendios forestales y la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Un ambicioso plan al que se han sumado una treintena de instituciones financieras que también se han comprometido a eliminar sus inversiones en actividades vinculadas a la deforestación.